Pasada la medianoche y luego de una extensa y tensa jornada de negociación, la Legislatura aprobó la Ley la Emergencia Social, Productiva, Económica y Energética, pedidas por el gobernador Axel Kicillof para llevar adelante su gestión, así como la extensión de las emergencias en Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria; Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos; y Administrativa y Tecnológica. Además, se extendió hasta el 31 de marzo el plazo para la presentación del presupuesto y el Senado aprobó el pliego del presidente del Banco Provincia. En compensación, la oposición consiguió que parte de la nueva deuda sea para obras a através del Fondo Municipal de Infraestructura.
Unas trece horas de cuarto intermedio tuvo la Cámara Alta de la Provincia, en la Ciudad de La Plata, mientras que los dos bloques mayoritarios discutían modificaciones a lo envíado por el Gobernador para poder ser aprobado en el recinto. Juntos por el Cambio había adelantado que, sin concesiones, no acompañarían las emergencias porque entendían que representaban un «exceso» de poder para Kicillof. En el Senado Cambiemos todavía sostiene la mayoría y podía bloquear las iniciativas. Los acuerdo llegaron a lo largo de todo un día de discusión en forma de la vuelta del Fondo municipal de infraestructura, una herramienta que María Eugenia Vidal había utilizado en sus primeros años de gestión y reserva fondos para obras directamente para los Intendentes.
De esta forma, habrá 2000 millones de pesos, que saldrán de deuda que tomará la provincia, destinados a financiar total o parcialmente obras municipales de infraestructura, que se repartirá conforme al Coeficiente Único de Distribución.
Además, la oposición logró colar un medio de control para la utilziación de las emergencias, a través de la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control, que estará integrada por tres diputadas/os y tres senadoras/es designadas/os por las/os presidentes de las respectivas Cámaras, pudiendo contemplarse la participación de las minorías, como así también la presencia en sus reuniones de la Defensoría del Pueblo, Asociaciones de Usuarios y Consumidores con sede en la Provincia, Universidades y organizaciones de la sociedad civil.
De esta forma, Kicllof consiguió, luego de duras negociaciones, y con aprobación mayoritaria no total, la Ley de emergencia Social, Productiva, Económica y Energética, y la extensión de las emergencias en Seguridad Pública, Política y Salud Penitenciaria; Infraestructura, Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos; y Administrativa y Tecnológica. De la misma forma, se habilitó que el presupuesto pueda presentarse hasta el 31 de marzo.
El bloque de Juntos por el Cambio emitió un comunicado explicando su acompañamiento y aseguró que como se comprometieron desde el primer día cumplieron con su «deber de ser una oposición responsable para resolver los problemas estructurales de la Provincia». Aún así, explicaron que el proyecto original era un «avasallamiento contra distintas instituciones» bonaerenses y aclararon: «no vamos a avalar superpoderes para manejos discrecionales de recursos. Sin embargo, les otorgamos la herramienta necesaria para cubrir los vencimientos de la deuda y garantizamos que no haya discrecionalidad política en la asignación de obras públicas en la Provincia, asegurando que lleguen a los 135 municipios».
En una postura que dividió su forma de votar entre el senado y Diputados, los de la cámara baja asgeuraron que el límite «es el relato»: «Nuestro límite es cuando se intenta manipular los datos y la necesidad de los bonaerenses en beneficio de un discurso político. Por eso no acompañamos la Emergencia planteada en materia educativa y de salud. La Provincia que dejamos no corresponde al relato político que se quiere instalar. La vara que dejamos es muchísimo más alta de la que recibimos».
