Como consecuencia del difícil panorama económico que atraviesa el país “uno de cada tres niños del Conurbano no accede al agua potable ni recibe una alimentación que le aporte los nutrientes indispensables para su desarrollo». El dato surgió de un informe que realizó la Universidad Católica Argentina (UCA) para la Defensoría del Pueblo bonaerense.
“Esto refleja que la situación cada vez empeora más, muestra datos que son alarmantes, que asustan, preocupan y angustian, y que constituyen la realidad que están pasando muchos”, expresó en diálogo con El Termómetro el director general del organismo provincial, Federico Stiz.
El reporte se refiere a la evolución de variados indicadores “que representan la situación de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) de la Argentina y en el Gran Buenos Aires con relación a sus derechos al acceso al agua segura y a la alimentación”.
El estudio dejó en evidencia que la Inseguridad Alimentaria Severa (IAS) -que incluye a quienes experimentaron hambre por falta de alimentos”- y la cobertura de alimentación gratuita tuvo un significativo aumento entre 2017 y el año pasado. La tendencia se repitió “a nivel país urbano” y alcanzó los valores más altos en el período que va a de 2010 a 2018.
Específicamente, el relevamiento marca que “la asistencia alimentaria directa y gratuita es mayor en GBA que en el promedio del país” y resalta que en el Conurbano “cuatro de cada diez jóvenes con IAS no reciben ningún tipo de asistencia alimentaria”. Esto tiene que ver, también, con que “los principales beneficiarios de la ayuda directa son los niños en edad de escolarización primaria”
“Lo que se ve es que hay una gran concurrencia a los comedores, el 40 por ciento. Y los padres terminan siendo parte de la comunidad que se queda a comer; la situación es muy preocupante, sobre todo en el Conurbano».
En la misma línea, el Defensor del Pueblo Guido Lorenzino consideró que «la falta de acceso a los alimentos o que los niños no tengan una nutrición elemental es tal vez el mayor problema que enfrenta la sociedad”.
“Es la gran deuda del sistema político, que no ha podido generar mecanismos que eliminen esta problemática que pone en jaque sobre todo a la población más vulnerable. Por lo tanto, es necesario el diseño y la ejecución de medidas que tengan en cuenta cómo impacta esta situación para llevar adelante programas a corto y largo plazo que permitan revertir este panorama», expresó el funcionario.
