Por Sergio Chouza (Economista y docente
UNdAv e integrante de EPPA)
La renegociación del acuerdo entre el Fondo Monetario y el gabinete económico será la primera de muchas. No es inusual que los países subdesarrollados que se embarcan en un plan programa de crédito con el FMI incumplan sistemáticamente las exigencias que les imponen. No hace falta más que recordar el caso de Grecia, que incumplió siete veces las imposiciones del salvataje de la troika. En general, ocurre que el grado de dureza de las condicionalidades es tal, que los acuerdos se vuelven impracticables. En el caso argentino, no obstante, la primera renegociación se dio más por una impericia en el manejo macroeconómico que por haberse desviado de las metas de reducción del gasto, las cuales en 2018 posiblemente sean levemente sobrecumplidas. Ocurre que el pedido de revisión de las cláusulas del acuerdo se generó por el desajuste en materia de precios (se había pautado un escenario de inflación máxima 2018 en 32%) y por la rotunda caída de reservas del último bimestre (en el acuerdo se proyectaba incrementarlas, y cayeron en U$S 15.000 millones).
El producido de esta primera renegociación no fue una cuestión de matices. Se acordó un verdadero cambio de 180% grados en la política monetaria. El nuevo esquema implica la aplicación de una regla monetarista muy agresiva, relativa al congelamiento de la base monetaria. En un entorno de inflación que en unos meses superará el 40%, el correlato de esta decisión es un freno en seco a la actividad económica. En un contexto en el cual ya la recesión tiene un piso garantizado del 2,4% para el año, propiciar un apretón monetario como el que anunció el BCRA será como prohibir el uso de estufas en un invierno muy crudo: el riesgo de contraer una enfermedad severa se incrementa.
Íntimamente vinculado con lo monetario, el plano cambiario estará signado en los próximos meses por el grado de rigurosidad del Banco Central a la hora de “secar la plaza”. La compresión que promete la aplicación de la aspiradora de pesos, debería coadyuvar a disminuir la presión sobre el dólar, en especial en el segmento mayorista dominado por los bancos, que es siempre el que termina moviendo el amperímetro. Ahora bien, la política de emisión cero no está exenta de riesgos. En primer lugar, la determinación por parte del BCRA de la cantidad de dinero en la economía delega, por defecto, en el mercado la fijación de la tasa de interés. Surge la pregunta, ¿cuál va a ser la tasa que el mercado local exija para que el BCRA absorba todos los días la cantidad de pesos que necesite para que la oferta monetaria no se amplíe? Posiblemente muy alta. La segunda cuestión, muy vinculada, tiene que ver con la dinámica de este mecanismo. Al ser las “Leliqs” a 7 días de plazo elúnico instrumento financiero que utilizará la autoridad monetaria, continuamente deberán pagar intereses sobre estas colocaciones. Conforme esta rueda avance, cada vez se incrementará más la magnitud de intereses que deberán pagar semanalmente y, posteriormente, “esterilizar” para que la cantidad de dinero en la economía se mantenga constante. La trayectoria de este proceso puede ser peligrosa, y difícil de controlar para un BCRA con ya demasiadas restricciones.
Hoy se ponen en marcha las nuevas reglas del juego de la política económica en lo que, posiblemente, será la primera renegociación de muchas. Resta conocer el trazo fino de las exigencias del Fondo, pero lo trascendido hasta el momento se presenta altamente incongruente con el Presupuesto público 2019. El valor del dólar en $40,1, la desinflación hasta un 23% anual, la convergencia al equilibrio fiscal en conjunto con aumento de exportaciones en un 20%, no maridan de ninguna forma con el nuevo programa monetario cerrado con el FMI. Con todo, en pocos meses posiblemente la historia se repita y un nuevo pedido de disculpas por incumplir el acuerdo vuelva a ser noticia.
