por Pablo Papini (integrante del área judicial de Ideal Quilmes)
Simplificadamente, Lawfare es la articulación entre la mayoría del Poder Judicial, los medios de comunicación, sectores económico-empresariales dominantes y dirigentes políticos que expresan ese circuito (con mayor o menor suerte, y por ende de necesidad de su auxilio). Amalgama que tiene por objeto la persecución de los gobiernos populares que tuvo América Latina durante el siglo XXI y en el fondo, extirpar las políticas de esos gobiernos.
Se trata de correr del centro de la escena a la discusión política en el escenario más suave y en el más conflictivo, de persecución penal lisa y llana. Y tiene raíces históricas: cuando se construyeron los esquemas institucionales que conocemos para gobernar los Estados modernos, y los segmentos sociales privilegiados debieron aceptar el ingreso de las mayorías populares a las decisiones públicas, los poderes judiciales fueron diseñados deliberadamente como escudo protector de las desigualdades para cuidarse de las impugnaciones a sus intereses.
Así, se entiende que quienes están en la mira sean los líderes de los gobiernos populares de los últimos años en nuestra región (Lula, Dilma, CFK, Rafael Correa, etc.), como antes fueran perseguidos Juan Domingo Perón, Getulio Vargas o Salvador Allende. La esencia siempre es la misma: ante la imposibilidad de las ideologías elitistas de debatir política con quienes se proponen incluir a las mayorías (pues, por esa vía, es casi segura su derrota en un marco democrático), responden a los argumentos con acusaciones policiales. “Yo digo que debemos universalizar las jubilaciones”, dice alguien; “Tal vez, pero sos chorro”, responde su oponente.
Durante el siglo XX, esta imposibilidad de las oligarquías de traducir electoralmente su dominio económico se procesó a través del elemento militar. Bloqueado éste instrumento a partir de los horrores de las últimas dictaduras, y con la masificación y multiplicidad de los medios de comunicación a partir de la revolución de la era digital, la alianza que los tribunales antes tendían con los cuarteles la traban ahora con las redacciones. Pero sólo el ropaje ha variado, no la finalidad. Aunque los métodos son, eso sí, más finos y variados hoy día. En el pasado, las FFAA avanzaban fundados, entre otras cosas, en señalamientos judiciales. En los expedientes se escribían los relatos que luego se concretaban en las armas.
Ahora se va midiendo el grado de avance según la necesidad. Jueces y periodismo actúan al unísono apuntando al elegido como enemigo. Si la denostación es suficiente para derrotarlo en las urnas (Argentina 2015), bien. De lo contrario, puede irse más allá: juicio político (Paraguay 2009, Brasil 2016), o bien encarcelamiento (Brasil y, otra vez, Argentina desde 2016). El repiqueteo mediático opera como justificador de las violaciones legales que son necesarias para elaborar culpabilidades que jurídicamente son insostenibles, y sólo tienen razones políticas.
Entre las cuestiones que tienen los espacios nacional-populares por pensar de cara a sus hipotéticos regresos, luego de las regresiones neoliberales que se están viviendo, la mal llamada justicia es de vital importancia. Si la ley es, como se dice en Derecho, “lo que los jueces dicen que es”, y toda lucha va finalmente a parar a los estrados judiciales, nada podrá modificarse de raíz, si antes no se les arranca ese poder del Estado a quienes quieren que todo siga tal como está. En cierta forma, pues, todo depende de lo que en ese campo se haga.
