La explosión en la escuela primaria 49 de Moreno tuvo su primera repercusión política. Aún con críticas de algunos sectores opositores, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de emergencia en Infraestructura Escolar, impulsada por el massismo. Fue uno de los pedidos en lel fallido pedido de explicaciones al ministro Gabriel Sáncgez Zinny.
El proyecto aprobado declara la emergencia en materia de Infraestructura de los establecimientos educativos de gestión estatal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires por el transcurso de 12 meses, con la posibilidad de que por única vez pueda extenderse por un año más. La finalidad es solucionar en forma urgente los problemas de Infraestructura existentes en los colegios, realizando las obras necesarias para garantizar los servicios esenciales de los edificios escolares y posibilitar el bienestar general tanto de docentes como personal auxiliar y alumnos en general.
Además, la iniciativa crea la Comisión Bicameral de Emergencia y Plan de Obras de Infraestructura Escolar que estará formada por cinco diputados y tres senadores, y ejercerá funciones de seguimiento, fiscalización y control para la emergencia declarada mediante la esta Ley, pudiendo convocar a los miembros informantes que considere necesarios.
En ese marco, el autor del proyecto, Pablo Garate, del Frente Renovador, expresó que: “Los objetivos son restablecer la seguridad y las condiciones de habitabilidad de los edificios escolares, garantizar el suministro de los servicios básicos de electricidad, gas, agua y sanitarios a dichos establecimientos, y satisfacer la demanda de escolarización mediante la construcción de nuevas aulas en establecimientos existentes”. Y aclaró: “Tenemos que trabajar todos juntos y hacer un cambio de fondo en todas las escuelas bonaerenses”.
Por su parte, la titular del Bloque de Unidad Ciudadana, Florencia Saintout, aseguró que “hemos pensado el proyecto de Emergencia Educativa trabajado por todos los bloques, hemos llegado al consenso para darle a todos los bonaerenses las garantías que necesitan para estudiar”.
En tanto, desde el oficialismo, el presidente de la Comisión de Educación, Guillermo Castello, (Cambiemos), consideró: “nuestro bloque acompaña esta incitativa porque sabemos acerca de la necesidad urgente de las escuelas bonaerenses”. Y agregó: “La sociedad está esperando vernos trabajar en conjunto para mejorar una educación que debe ser una política de Estado, que la podemos construir en la búsqueda de consensos y por encima de todas las banderas políticas que están representadas en este Congreso”.
La voz opositora a la iniciativa la tuvo el Legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Guillermo Kane: “llegamos a esta sesión con un despacho propio, porque no se trata de darle herramientas al gobierno ajustador Vidal, que lleva dos años y medio gobernando con una Emergencia en Infraestructura que solo sirvió para algunos negociados como el de la propia Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, por el cual su ex titular Nicholson está judicializado. La gobernadora ha comprometido un ajuste en la provincia por más de 30.000 millones de pesos, ¿con que fondos arreglará las escuelas? Por el contrario, nuestro despacho de minoría plantea darle herramientas a los sindicatos docentes, auxiliares y los centros de estudiantes para fiscalizar un plan de obras integral, financiado además con una partida presupuestaria sobre la base de gravar a los bancos, al juego y a la gran propiedad agraria, además de quitarle las exenciones impositivas a la Iglesia”.
