La semana pasada, cuando presentó aumentos en jubilaciones y asignaciones familiares, María Eugenia Vidal bosquejó un inicio de cambio de discurso. Habló de las complicaciones que viven los trabajadores bonaerense. Ahora, un paso más allá, la Gobernadora busca escaparle a la crisis y a una inflación, hoy descontrolada, modificó la ley de Obra Pública para sostener los trabajos.
A través del decreto 653, aparecido hoy en el Boletín Oficial, la Mandataria decidió “la adecuación de los procesos administrativos a los sistemas de calidad, eficiencia y eficacia”, en las licitaciones de obra pública.
Esto se da, según el decreto “a partir del aumento constante de los costos de materiales, mano de obra y otros insumos necesarios para la construcción”, lo que “generó una desactualización de los montos establecidos en la reglamentación de la referida ley, resultando necesario adoptar un parámetro de reajuste que resulte adaptable a las variaciones constantes”.
La decisión establece nuevos requisitos para el llamado a Concurso de Precios y Licitaciones Privadas, así como también un nuevo cuadro de competencias para todos los procesos de contratación de Obra Pública y así utilizar mayores recursos del estado para invertir.
Eso que había sido el caballo de batalla para la elección de 2017 está paralizado por la falta de recursos desde nación y lo apretado que quedó la Provincia. Con esta medida buscan reactivar de cara al comienzo de la campaña a 2019, que todo indica será a partir de septiembre.
