En una nueva sesión del Honorable Concejo Deliberante de Quilmes, que contó con la presencia de trabajadores del GIRSU y con vecinos del barrio La Paz que denuncian la instalación de una antena clandestina, se aprobaron una serie de minutas de comunicación y resoluciones.
El primer expediente que se aprobó, luego de un cuarto intermedio, corresponde a la cesión de tierras ubicadas en Ezpeleta, para que el Club de Leones instale una escuela para perros lazarillos.
También se sancionó el apoyo del HCD al Colegio de Farmacéuticos de Quilmes ante el posible desembarco de Farmacity a la provincia de Buenos Aires. Al respecto el concejal de Unidad Ciudadana, Ángel García sostuvo que la llegada de esta cadena de farmacias “generaría un daño muy grande al sistema sanitario”.
Entre las minutas de comunicación que se aprobaron se destacó el pedido de la concejal de 1País, Gabriela Fernández para que el Ejecutivo informe cómo estaban siendo otorgadas las horas extras en el área de Servicios Públicos.
El resto de las minutas que fueron aprobadas pedían la mejora en el servicio de recolección de basura y el estado de algunas obras de pavimentación.
Al igual que pasó en la sesión anterior, fue durante la lectura de las minutas en donde se dieron los cruces entre los concejales oficialistas y opositores. Esta vez el disparador fue el pedido de informe de algunos ediles sobre el estado de obras que no aún estarían finalizadas.
Quien salió al cruce por los cuestionamientos que se le estaban haciendo al Ejecutivo, en materia de obras, fue el concejal de Cambiemos, Guillermo Galetto, quien sostuvo que no podía entender “como aquellos que participaron de la gestión anterior podían hablar de obras cuando en su periodo de gobierno casi no se realizaron”.
Ángel García recogió el guante y sostuvo que “la acotación del concejal Galetto le pareció muy poco feliz y que «le sobraban los dedos de una mano para contar las obras que realizó este gobierno con la ayuda de la plata que le mandan Macri y Vidal”.
El público que estaba presenciando la sesión también tuvo su protagonismo ya que, además de los vecinos del barrio La Paz, estuvieron los trabajadores del GIRSU que, a los gritos, le respondieron a la concejal Myriam Pucheta que había dicho que durante la manifestación del lunes «habían tomado a los trabajadores como rehenes» y que «la protesta no tenía sentido ya que se realizó en el marco de un acuerdo de palabra entre las partes».
