En la mañana de este martes, organizaciones sociales nucleadas en la CTEP(Confederación de la Economía Popular), CCC (Corriente Clasista y Combativa) ,Barrios de Pie, y la CNCT (Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo), llevaron adelante una manifestación en las puertas de la Municipalidad de Quilmes para reclamar incorporación de las organizaciones sociales al trabajo en la obra pública. Fue en el marco de la campaña «No al ajuste, Si al trabajo».
Desde estas organizaciones explicaron que los municipios bonaerenses están recibiendo partidas del fondo del conurbano que administra la provincia y que quienes son parte de la economía popular y se organizamos en cooperativas, están reclamando trabajar en las obras que el estado municipal lleve adelante con esos fondos.
En diálogo con “El Termómetro”, Sebastián Raspa, de la CNCT, manifestó que el problema es que “cada vez hay menos trabajo” y que la “obra pública de la provincia de Buenos Aires está concentrada en un puñadito de empresas privadas”.
El dirigente social manifestó que siendo que el presupuesto de la provincia fue el mayor beneficiario del ´saqueo de los jubilados´, quieren que ese dinero vaya a obra pública, que llegue a los barrios más postergados y que allí trabajen cooperativas auto gestionadas.
“Hay una ley de emergencia de obra pública y eso le permitió a la provincia dirimir la ejecución de obras con un alto grado de discrecionalidad, no obstante las cooperativas pueden licitar, tienen un régimen especial para obras de montos menores a los 4millones de pesos, que no le mueve la aguja a la obra pública, eso podría ser ejecutado por cooperativas” explicó Raspa.
Además manifestó que lo que quieren es dar a conocer que empieza un proceso en que esta cuestión se va a dirimir en un conflicto social, “porque el gobierno demostró que no nos van a dar un espacio” y agregó que se están vaciando todos los programas que tienen que ver con cooperativas.
Finalmente, Raspa aseguró que “cierran un circulo nefasto que es transferencia de recursos del bolsillo de los jubilados al Estado, a través de la reforma previsional, y del presupuesto público a las empresas constructoras que terminan negreando y haciendo fraude laboral contratando a las cooperativas en negro, que es lo que hacen con el agua, las cloacas y la mayoría de las empresas que hacen pavimento en el distrito”.
Entrevista completa a Sebastián Raspa:
