Este martes, el diario La Nación, publica una nota en la que se informa sobre una denuncia que abarca a casi un centenar de intendentes por el desvío de fondos de un programa para tratar residuos. Sin embargo, la misma fue iniciada por supuestas irregularidades en Quilmes que no condicen con lo ocurrido.
La nota explica que se investiga el destino de unos $ 600 millones girados a los municipios ya que tras una auditoría se detectaron casos en que los recursos transferidos no fueron a las obras.
Según el diario La Nación “Los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich ya pasaron por el juzgado de Claudio Bonadio para comparecer en indagatoria en una causa en la que se investiga la presunta malversación de casi 600 millones de pesos correspondientes a transferencias a municipios por el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu). El dinero no llegó donde debía. Ahora, el próximo paso en el expediente es convocar a unos 90 intendentes para que cuenten cuál fue el destino del dinero”.
El expediente comenzó con una denuncia el año pasado del director general de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente, Martín Bolado, tras una auditoría que encararon en el ministerio sobre los fondos del programa Girsu. La investigación la lleva adelante el fiscal Carlos Rívolo y la causa está a cargo del juez Claudio Bonadio.
La denuncia se circunscribía a los municipios de Quilmes y Río Gallegos y a 29 distritos de la provincia de Chaco, pero la fiscalía recomendó el análisis de todas las transferencias a los distritos beneficiados por este programa.
Siempre según lo que publica el medio nacional, en el caso de Quilmes, “personal de la Sigen constató, con una visita el 4 de febrero, que no se construyó una planta de separación y clasificación de residuos urbanos prevista con fondos del programa. «El director del proyecto adjuntó una declaración jurada manifestando que los fondos entregados [$ 10.588.780] no habían sido utilizados».
Sin embargo, el dinero sí tuvo un destino, aunque no el de la plata de separación y clasificación de residuos urbanos. Los fondos estaban aún en una cuenta del Municipio cuando asumió el actual intendente de Cambiemos, Martiniano Molina; gracias a la ineficiencia que caracterizó a la gestión de Francisco “Barba” Gutiérrez y su secretario de Medio Ambiente, Claudio Olivares, pese a varios intentos la construcción de la planta nunca pudo concretarse.
Con el nuevo gobierno, se tomó la decisión de utilizar esos fondos para la compra de una máquina chipeadora. A mediados de junio del año 2016, el Concejo Deliberante de Quilmes, aprobó la compra. En esa ocasión, el presidente del Cuerpo, Juan Bernasconi explicaba “La verdad es que este monto estaba inmovilizado hace más de tres años; había venido en el 2013 para crear una planta de tratamiento de residuos y la planta quedó inmovilizada y nunca se le dio inicio a la obra” y continuó “El intendente Martiniano Molina gestionó junto con el ministro de Ambiente Sergio Bergman poder cambiar el objeto de este convenio, lo que fue aprobado por el ministerio de Medio Ambiente. Ahora se va a poder comprar una chipeadora de gran porte que va a ser instalada en la ciudad para dar tratamiento al problema que tenemos con las ramas y árboles”.
De esta manera, si bien es cierto que los fondos no se utilizaron para instalar la planta como estaba convenido, no es cierto que los fondos no estuvieran en las arcas municipales e incluso el actual Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, mismo organismo que inició la auditoría, autorizó que se cambie el destino de los fondos.
Si esta es la base de una investigación que incluye a tres ex jefes de gabinete, más de 90 intendentes y otras personalidades como Andrés Meiszner o Juan José Mussi, la causa de Bonadio naufragará en Quilmes.
