En la tarde del pasado jueves, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, falló a favor de ATE Quilmes ante el reclamo del gremio para participar de la mesa de negociación paritaria de los empleados municipales del distrito. Luego de un extenso conflicto, finalmente el Ministerio, conducido por Marcelo Villegas, dio el visto bueno al pedido del gremio y resolvió: “En el caso que cuenta con el 10% de los afiliados, reconocer por los motivos expuestos el derecho de la Asociación de Trabajadores del Estado a participar de las negociaciones tendientes del Convenio Colectivo de Trabajo”.
El fallo en cuestión significa un duro golpe al intendente Martiniano Molina, ya que significaría dar marcha atrás con la negociación cerrada junto al sindicato de Trabajadores Municipales, conducido por Raúl “El Ronco” Mendez, y volver a negociar el aumento salarial. Cabe recordar que dicha negociación cerró con la firma de un acta por el 18% de aumento, en línea con el planteo provincial y nacional, y un decreto donde se estableció un aumento de un 6% más como recomposición salarial por lo perdido por inflación en el 2016, mientras que desde ATE demandaban un aumento mayor al 30%.
Respecto al fallo, el titular de ATE Quilmes, Claudio Arévalo, declaró a El Termómetro que “Lo de ayer fue la frutilla del postre” y explicó: “ahora el municipio tiene que convocar a mesa paritaria porque en Quilmes hubo un acuerdo de partes al cual no fuimos convocados, pero ahora quedó demostrado que ATE tiene que estar en la mesa paritaria». Además el titular del gremio manifestó que el Gobierno Municipal ya fue notificado, aunque el próximo lunes estarán presentando el fallo en el municipio, donde brindarán una conferencia de prensa, y adelantó que “sería un error político si el gobierno quiere apelar al Ministerio de Trabajo, porque tenemos la ley de nuestro lado”.
Desde el Municipio evalúan por estas horas los pasos a seguir, que podrían ser desde una apelación administrativa hasta una presentación en la justicia. Fuentes del gobierno local cuestionaron técnicamente la resolución y afirman que desconoce el decreto reglamentario de la propia gobernadora Vidal.
