El pasado lunes, miembros del Foro en Defensa del Río de la Plata, junto a representantes del Gobierno de Berazategui y miembros de la OPDS se reunieron por orden del Juez Luis Arias, en una Audiencia de Partes enmarcada en la causa que lleva adelante el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, respecto a la presunta ilegalidad de las obras iniciadas en la ribera de Hudson por el gobierno de Juan Patricio Mussi.
Durante la audiencia, representantes del gobierno municipal solicitaron el levantamiento de la medida cautelar que mantiene paralizadas las obras en la ribera de Hudson, aunque sin presentar la documentación requerida respecto al impacto ambiental que dichas obras representan y que ya se pusieron en tela de juicio el pasado mes de octubre durante la audiencia pública (ver: https://eltermometroweb.com/2016/10/19/audiencia-publica-obras-la-ribera-hudson/)
Ernesto Salgado, representante del Foro en defensa del Río de la Plata, declaró a este medio que “La audiencia de ayer no resolvió nada, porque la municipalidad vuelve a pedir el levantamiento de la cautelar. Nosotros no sólo solicitamos que la cautelar se mantenga, sino que presentamos pruebas de cómo las obras, aun paralizadas, están afectando el ecosistema de Hudson”. Según relató Salgado, el objetivo del Foro es que la obra continúe parada hasta tanto la justicia no se pronuncie respecto al pedido de fondo, que es la paralización permanente de la obra y la vuelta al estado natural de la costa de Hudson.
De levantarse la medida cautelar y continuar con la finalización de las obras, las organizaciones ambientalistas se encontrarán frente a la difícil tarea de ingresar en el terreno del derecho penal, enfrentando al monstruo de las empresas constructoras e inmobiliarias. Por otro lado, de lograrse el objetivo del Foro, la gestión mussista se encontraría frente al problema de ver desaparecer las obras que inició hace ya cuatro años, y con el precedente judicial que advierte la desprolijidad con la que se manejan las cosas en Berazategui.
Cierto es que hasta el momento, la justicia no se ha pronunciado por ninguna de las partes, a pesar de la cantidad innumerable de pruebas presentadas por las organizaciones, la OPDS y la Defensoría del Pueblo de la Provincia.
