El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires emitió un fallo en el que aplica una multa a la actual secretaria de Educación del municipio de Avellaneda y alfil de Jorge Ferraresi y la intendenta Magdalena Sierra, Claudia Cecilia Colaso, por la contratación de una prestadora del servicio de transporte de alumnos que no contaba con habilitación para la actividad, entre otras irregularidades, durante su presidencia en el Consejo Escolar local.
La resolución, que aprobó la rendición de cuentas del Consejo Escolar de 2024, señaló que la auditoría encontró incumplimientos y sentenció sanciones por un total de $3,3 millones a las autoridades y al secretario técnico del organismo. Además, se consideró que las explicaciones presentadas por los responsables no permitieron subsanar los reparos formulados.
De acuerdo con el informe, mediante la Disposición N° 146/2024, del 14 de marzo de 2024, se aprobó una prórroga para los meses de marzo y abril de una contratación realizada el año anterior, pese a que el contrato original no contemplaba una cláusula que habilitara esa extensión.
También se detectó modificaciones en los valores y en la adjudicación de proveedores, adjudicaciones suscritas solamente por el contratista y prestadores que no estaban inscriptos en el Registro de Proveedores de la Provincia.
Otro de los puntos observados fue la contratación de Cristina Mónica Álvarez, cuya habilitación como transporte escolar había vencido el 15 de noviembre de 2023. El Tribunal también señaló que durante el ejercicio se reiteró el uso de contrataciones directas mediante prórrogas no contempladas para un servicio habitual y regular.
Desde el Consejo Escolar de Avellaneda argumentaron que la contratación correspondiente a marzo y abril se realizó con carácter de emergencia para garantizar el inicio del ciclo lectivo. Explicaron que el proveedor habitual había informado modificaciones imprevistas en su figura jurídica, lo que llevó a realizar adecuaciones administrativas para garantizar la continuidad del servicio. E indicaron que el proveedor había manifestado que la prestación sería garantizada por Álvarez.
Respecto de la falta de inscripción en el Registro de Proveedores, señalaron que, al no haber contratado anteriormente con ella, consideraron que no tenía carácter de proveedora habitual. Añadieron que había iniciado el trámite de inscripción.
La resolución definitiva estableció multas de $300.000 para cada una de las autoridades alcanzadas, incluida la titular del Consejo Escolar, Colaso; el vicepresidente Pablo Gonzalo Espósito; la tesorera Carolina Diana González; el secretario Darío Sebastián Gómez; los vocales Jimena Alejandra Olaciregui, Rubén Oscar Navarro, Gabriela Alejandra Pérez, Mariana Agustina Pineda, Daniel Osvaldo Sánchez y Mauro Guido Nipoti; y el secretario técnico Federico Castelli.
De ellos, Espósito, dirigente del PJ de Avellaneda y Fuerza Patria, preside actualmente el Consejo Escolar. Nipoti, de la Unión Cívica Radical, es su vicepresidente; mientras que Olaciregui, de Fuerza Patria, y Pérez, del La Libertad Avanza con pasado en el PRO, continúan como consejeras con mandato hasta 2027. Pineda es directora de la escuela primaria 52 de Wilde. Navarro integró la lista de FP en 2025 para renovar su banca en el CE.
El Tribunal fijó un plazo de 90 días para el depósito de las multas y estableció que las sanciones pueden ser recurridas dentro de los 15 días, según lo dispuesto por la normativa vigente.
