La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto de adhesión formal a la Ley Nacional 24.901, impulsado por el senador provincial Emmanuel Santalla. La sanción establece un marco legal inamovible que garantiza un sistema integral de prestaciones básicas de atención, habilitación y rehabilitación destinado a las personas con discapacidad, obligando de forma estricta tanto a la salud pública como a las obras sociales a brindar una cobertura completa, gratuita y sin interrupciones en todo el territorio bonaerense.
«Sancionada a nivel nacional a fines de la década de 1990, la Provincia de Buenos Aires arrastraba una deuda histórica inaceptable de más de treinta años al no haber adherido formalmente a esta norma. Esta desidia prolongada sometió a miles de personas con discapacidad y a sus familias a situaciones de extrema vulnerabilidad e incertidumbre legal, obligándolas a encarar desgastantes batallas burocráticas y judiciales para acceder a tratamientos médicos indispensables, terapias de rehabilitación, apoyos pedagógicos y asistencia cotidiana», destacaron desde el entorno del senador.
En ese sentido remarcaron que la ley no sólo consolida la gratuidad irrestricta y el derecho inalienable a las prestaciones esenciales, sino que dispone la creación inmediata de un comité especializado provincial para fiscalizar y garantizar el cumplimiento riguroso de cada cobertura. Este órgano provincial impedirá que efectores de salud y obras sociales vuelvan a interrumpir, dilatar o negar los tratamientos asistenciales.
El senador provincial Santalla, remarcó: «Logramos la sanción definitiva en la Cámara de Diputados de la Provincia de este proyecto de adhesión a la Ley Nacional 24.901 que presenté junto a las familias de personas con discapacidad, culminando con éxito el camino legislativo que abrimos con la aprobación en el Senado. Conquistamos una victoria colectiva junto a las familias al dar este paso fundamental para blindar las prestaciones de salud que a las personas con discapacidad les corresponden por derecho.”
“Nuestra obligación innegociable es reconstruir un Estado que jamás le vuelva a dar la espalda a las personas con discapacidad, sino que las acompañe, garantice sus derechos y defienda con firmeza su autonomía, como ocurrió en nuestro país hasta 2015.», concluyó.
Una respuesta política firme frente al ajuste nacional
La aprobación de esta ley adquiere además un peso político crucial en la coyuntura actual. Frente a la insensibilidad y el feroz recorte presupuestario llevado adelante por el gobierno nacional de Javier Milei —que quita apoyos estatales básicos y desampara a miles de familias—, la Provincia de Buenos Aires marca un contraste ético contundente al poner al Estado como escudo protector de los sectores más vulnerables.
Con la sanción de esta ley, la Provincia envía un mensaje ineludible: los derechos no se negocian. Desde las instituciones y el trabajo en el territorio, Buenos Aires reafirma su compromiso de sostener un Estado presente y garante de la dignidad, la plena inclusión y el desarrollo de cada persona con discapacidad.
