El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, fue denunciado penalmente, junto al ex presidente Alberto Fernández, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras vinculadas al programa PROCREAR durante su paso por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.
La presentación judicial, hecha por los abogados Roberto C. Herrera y Mariano Di Giuseppe, sostiene que podría haber existido administración fraudulenta y otros delitos conexos en el otorgamiento de planes de vivienda a la empresa Niro Construcciones S.A., vinculada a la empresaria y ex participante de Gran Hermano, Lorena González del Valle.
El disparador surge a partir de una entrevista al streaming Border en la que González reveló que su acercamiento al entonces presidente durante la pandemia, le permitió acceder a al menos cuatro contratos de obra pública bajo el programa PROCREAR. Relató que, tras comunicarse con el ex mandatario, fue derivada a Ferraresi, quien le aseguró que iba a “priorizar” a su empresa en los procesos de licitación. Así, la constructora creada junto a su exmarido Lucio Niro, obtuvo adjudicaciones para construir más de mil viviendas en distintos municipios.
Según la denuncia, posteriormente Niro Construcciones S.A. habría participado en distintos procesos licitatorios vinculados al programa Procrear, resultando adjudicataria de varias obras públicas financiadas con fondos nacionales, algunas de ellas en municipios de la provincia de Buenos Aires como Esteban Echeverría, Avellaneda, Luján y Martín Coronado.
Entre los proyectos más destacados bajo investigación se encuentran la construcción de 240 viviendas en Esteban Echeverría -obra que fue inaugurada por el propio Fernández- y 512 unidades habitacionales en Wilde. A estos se suman los contratos “Piñeyro Rivadavia” (321 unidades) y “Piñeyro Entre Ríos” (128 unidades).
De comprobarse estas maniobras, podría configurarse el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, ya que se habrían desviado recursos públicos mediante procedimientos irregulares. Los denunciantes consideraron que corresponde la intervención de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, ya que están involucrados fondos públicos nacionales y funcionarios del Poder Ejecutivo.
