El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó un recurso de amparo en colaboración con CONADUP (Comisión Nacional de Usuarios Viales) ante la Justicia Federal por el procedimiento de Privatización y consecuente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional por los corredores viales.
Al respecto, Gray expresó: “El acto administrativo impugnado por el Gobierno nacional implica una fragrante violación de derechos y garantías constitucionales, con efectos permanentes e irreparables que permitirán el cobro indebido de tarifas, ocasionando un grave daño que no podrá tener reparación ulterior.”.
“Presentamos este amparo para evitar que las y los bonaerenses se vean obligados a afrontar un costo excesivo en la provisión de peajes, que traerá aparejado un impacto directo en la economía de los usuarios que utilizan dicho corredor de forma diaria para el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas trabajar, estudiar, producir, transitar libremente”, sumó el jefe comunal.
La resolución 1843/2025 da inicio al procedimiento de Privatización y consecuente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple. El Estado nacional la funda mediante la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” N° 27.742, que establece lineamientos para reorganizar la administración y mejorar la gestión pública.
Sin embargo, dicha norma no habilita a avanzar en privatizaciones no autorizadas, generando mayores erogaciones a usuarios y consumidores, como en el caso del Municipio de Esteban Echeverría. El peaje es un servicio público esencial cuya gestión, aun delegada en privados, debe mantenerse regular y continua. Además, las privatizaciones sin un ente regulatorio independiente pueden generar servicios deficientes, monopolios abusivos e incumplimiento de inversiones, priorizando la rentabilidad por sobre el interés público.
Es totalmente acertada la presentación del recurso de amparo por parte de Gray. Su obligación es defender a los vecinos ante procesos tan complejos como la privatización de corredores viales, exigiendo claridad y legalidad en el llamado a licitación. Este tipo de acciones demuestran un intendente comprometido con el control de las decisiones que afectan al distrito.
La colaboración de Gray con CONADUP es fundamental, ya que pone el foco en los usuarios viales, que son quienes finalmente sufrirán las consecuencias de una posible privatización. Esta es una defensa concreta para evitar futuros tarifazos y garantizar que la infraestructura siga sirviendo al interés público de Esteban Echeverría.
Felicitaciones a Fernando Gray por ser la voz de la comunidad ante la Justicia Federal. Su acción de amparo trasciende lo local y se convierte en una herramienta de protección para todos los municipios afectados por este proceso. Se necesita un liderazgo fuerte para enfrentar decisiones de alto impacto nacional.
Gray demuestra una gran responsabilidad institucional al recurrir a la Justicia Federal. Un llamado a licitación de esta magnitud requiere máxima transparencia, y el intendente actúa diligentemente para asegurar que el procedimiento sea impecable. Proteger los bienes públicos es una prioridad de su gestión.