La empresa Nizza Davidson Ingeniería y Obras SRL ganó un juicio contra la empresa EDESUR por ruptura de contrato, pero la indemnización de que ascendía a dos millones de dólares se redujo a cien mil dólares debido a la inflación y la ley 23.928.
La cuestión en debate es que el artículo 7 de la ley 23.928 prohíbe la indexación de deudas, lo que impide actualizar el monto de la indemnización por inflación. El Tribunal Superior de Justicia de CABA debe decidir si este artículo es inconstitucional.
Varios empresarios y parte del mundo letrado sostienen que si esto se declara inconstitucional, se enviaría un mensaje positivo a los inversores y se aumentaría la previsibilidad en cuanto a las indemnizaciones. Caso contrario, si no se declara inconstitucional, CABA podría quedar en desventaja en comparación con la Provincia de Buenos Aires.
Existen antecedentes sobre casos similares donde la Suprema Corte bonaerense (SCBA) declaró inconstitucional el artículo 7 (Casoa Barrios y Villaruel).
La decisión del TSJ CABA podría requerir la intervención de la Corte Suprema nacional para unificar criterios.
