El Concejo Deliberante de Avellaneda aprobó un nuevo blanqueo de obras irregulares en el distrito y la cesión de la potestad de al Ejecutivo para su regularización. Este último punto fue rechazado por la oposición. Desde el oficialismo destacaron que se trata de «regularizar la situación de vecinos».
Se trata de una normativa que viene a cumplimentar una ordenanza similar en 2019 que, según los ediles de Unión por la Patria, no tuvo llegada debido al impacto de la pandemia. En los considerandos de la norma se asegura «en el último tiempo se ha detectado un gran número de obras ejecutadas sin permiso».
La ordenanza aprobada autoriza al Ejecutivo por 180 días a incorporar obras al registro «Obras Registrada», sin que estas pasen por el Concejo Deliberante, salvo en casos particulares.
Según el artículo N°3 podrán incorporarse todas las construcciones, que «hasta la fecha, se encuentran ejecutadas sin permiso como mínimo con su estructura resistente en su totalidad» (…) «siendo condición para ser incorporada que la superficie cubierta existente haya sido ejecutada con anterioridad a la sanción de la presente» ordenanza. Y podrán ser ingresados al régimen de Obras Registrada, a través de la decisión del Ejecutivo Municipal.
Este último punto fue el que generó polémica en la sesión de ayer en Avellaneda. La oposición criticó lo que significa una nueva cesión de poderes al intendente.
El presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Maximiliano Galluci planteó: «Cada sesión que pasa cada delegación que otorgamos es darle la razón a un intendente que el legislativo no existe, que cree que esto es una escribanía».
«Esta es otra muestra más del ejecutivo pisando al legislativo», acusó y comparó a Jorge Ferraresi con Javier Milei y el trato que el presidente hace del Congreso de la Nación: «Acá la única diferencia es que no dicen que somos un nido de ratas pero hacen lo mismo».
Por su parte, Damián Paz, titular del bloque PRO cuestionó la superposición de una serie de artículo que redundaría la legislación.
La defensora del proyecto por parte del gobierno fue María Laura Garibaldi (UxP) quien recordó que ya se había votado algo similar en 2019 y argumentó que por la pandemia no tuvo la llegada necesaria.
«Es una cuestión netamente administra sobre cómo hacemos para que un vecino pueda ponerse a derecho. Un vecino que arranco una obra en un terrenito y no la terminó», aseguró la exdefensora del Pueblo y se diferenció de la oposición: «No le saca potestades porque en casos excepcionales pasa por el HCD», en referencia al artículo 10 de la norma, que habla de las propiedades alcanzadas por la ordenanza de premios.
Cerró sosteniendo el postural oficial que es que la norma busca que «los vecinos puedan regularizar su situación y tener su escritura. Estamos dando derechos».
