El gobierno nacional resolvió que las empresas de medicina prepaga retrotraigan el aumento de las cuotas a diciembre y lo ajusten por inflación. Sería una diferencia del 30 por ciento contra lo que efectivamente aumentaron.
Además, la Superintendencia de Salud presentó una medida cautelar ante la Justicia para que las empresas devuelvan lo que hayan cobrado por encima del Índice del Precio al Consumidor (IPC) medido por el Indec desde que se desreguló el sistema.
“Por disposición del ministerio de Economía un grupo de empresas de medicina privada, que representa casi el 75% de los afiliados van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por IPC a partir de allí”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, durante su conferencia de prensa diaria.
En ese sentido, agregó: “Deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para aplicar las cuotas por estos seis meses; es el resultado de tutela anticipada de una denuncia por presunta cartelización”, y planteó que el Gobierno “no va a convalidar maniobras especulativas bajo ningún punto de vista, la Argentina de la avivada se terminó el 10 de diciembre”.
Adorni agregó que la Superintendencia de Servicios de Salud presentó “una cautelar ante la Justicia para obligar a las empresas que concentran el 90% a retrotraer y devolver el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre hasta la fecha”. Aclaró que el organismo “no controla precios. pero sí busca garantizar la libre competencia y libertad de elegir en beneficio de los argentinos”.
El portavoz afirmó que las empresas que no estén de acuerdo con la medida tienen instancia de apelación, pero sostuvo que “la apelación no suspende la medida”. Y añadió: “Esto es de aplicación inmediata, las cuotas que lleguen a los afiliados deben retrotraerse a diciembre de 2023, (ajustar) por el IPC hasta aquí y ver en tal caso la cuota que pagarán”, aclaró. “Entendemos que va a ser una reducción considerable de las mismas que pagaron en este mes de abril”.
“También es bueno aclarar que hay una presunción (de cartelización). Cuando esa presunción de confirmarse puede tener algún impacto severo de orden público, en este caso que afecta a millones de argentinos, se dicta esta medida de tutela anticipada, para evitar que ese daño se continúe realizado”, sumó Adorni. “Si no hubo cartelización, lo demostrarán y en tal caso la Justicia o quienes llevan adelante la investigación en la parte administrativa tomarán el camino que deban tomar”, cerró.
