El presidente de la Unión de Emprendedores de la República Argentina (UERA) Rodolfo Llanos, presentó una solicitud ante la Justicia para ser reconocidos como «AMICUS CURIAE» en el debate por la legalidad de los artículos de la reforma laboral del DNU 70/23 que envió el Gobierno Nacional. Solo este punto tiene 17 amparos presentados por sectores gremiales.
Fundador e integrante del Comité de Pymes, Emprendedores y Productores (PEP), un espacio en contra de los cortes sindicales, en su presentación, Llanos afirmó que el Gobierno Nacional «respalda las acciones del PEP, que actualmente cuenta con más de 4.000 miembros activos, así como un considerable respaldo por parte de cámaras empresariales».
Para el empresario «la reforma laboral propuesta ofrece una oportunidad real para revitalizar la economía del país, permitiendo que el sector conformado por pymes, emprendedores y productores sea el motor del crecimiento mediante la contratación de capital humano, la inversión tecnológica y el fomento de pequeñas y medianas empresas, con un objetivo común apartidario: lograr una Argentina próspera».
En su exposición, Llanos subrayó que «la medida que detuvo el decreto presidencial carece de justificación. En este sentido, señaló que la Constitución de la Nación Argentina, en sus artículos 14 y 14 Bis, garantiza el derecho al trabajo y a una retribución justa, así como la protección integral de la familia y el acceso a una vivienda digna».
«El modelo sindical y laboral no garantiza ninguno de estos derechos, más bien, incrementa la cantidad de personas en la marginalidad, potenciando el desempleo y el trabajo no registrado como es de público conocimiento», planteó y agregó que » la adecuación laboral y sindical propuesta no elimina ningún derecho de los trabajadores, sino que busca otorgar mayor flexibilidad en la administración de los recursos humanos de las empresas, permitiendo una contratación más eficiente y, en última instancia, beneficiando a todo el país en su anhelado desarrollo económico».
