Caída, por el momento, la posibilidad de sacar adelante un Salario Básico Universal, el kirchnerismo avanza en el Senado de la Nación con un proyecto de Ley de Refuerzo de Ingresos para reducir la indigencia. Apuntará a un universo de 1,7 millones de personas que hoy quedan afuera de otras ayudas sociales. Entienden la medida como un primer paso para modificar el sistema de planes.
El proyecto es impulsado por la senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Juliana di Tullio, aunque la iniciativa también lleva la firma del senador José Mayans, presidente del interbloque del Frente de Todos.
La protesta es crear una prestación monetaria mensual para las personas que están actualmente bajo la línea de indigencia debido a que no alcanzan la canasta básica alimentaria de un adulto, estipulada por INDEC en $15.057 al mes de junio de 2022. Es así que la asignación será equivalente al valor de dicha canasta, monto que según establece el proyecto podrá actualizarse de modo trimestral.
Se prevé que esta política alcance a 1 millón 700 mil adultos que estarían en condiciones de acceder al refuerzo. Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien.
Podrán inscribirse las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria.
El beneficio será de carácter temporal y se otorgará por un año con la posibilidad de renovación en cuanto se pueda verificar que las condiciones de vida de la persona siguen siendo las mismas. En este sentido, el proyecto promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica. Así se apuesta a que la situación de vulnerabilidad se revierta y deje de ser necesario el ingreso.
El proyecto establece que sea ANSES la autoridad de aplicación, creando a este fin el Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción. Posteriormente ANSES hará el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder.
Los impulsores del proyecto destacan que la política tendrá un costo fiscal del 0.09 PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 durante el año siguiente, buscando que sea un número que cierre las cuentas del nuevo ministro de Economía. Además cabe destacar que el beneficiario deberá realizar controles de salud acreditados anualmente de acuerdo a su género y edad a modo de contraprestación.
