por Ezequiel González
Amigos o enemigos, la relación entre los Jefes Comunales y los sindicatos municipales es simbiótica, se necesitan mutuamente, pero cuando uno molesta el otro tratar de sacarlo. Los Intendentes han construido varias estrategias para lidiar con los reclamos de los gremios, pero hay un hecho que se repite a lo largo del conurbano; la falta de aplicación de la Ley 14.656. Radiografía de los casos más conflictivos y los distritos donde todo está acordado.
Avellaneda es uno de los casos testigo de cómo los Intendentes hacen y deshacen según les conviene. Peleado con el Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda (STMA) desde tiempos de Baldomero “Cacho” Álvarez, Jorge Ferraresi armó un grupo de gremios paralelos con los que “negocia” las paritarias a pesar que ninguno tiene la Personería Gremial para hacerlo, que le corresponde al sindicato que conduce Hernán Doval.
Lo llamativo es el salto de la grieta. Ferraresi dio lugar e hizo crecer al SUMA (Sindicato Unificado de Municipales de Avellaneda) que conduce Daniel Aversa, actual concejal por el Frente de Todos. El gremio participa de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires que conduce Oscar Ruggiero, aliado de la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019.
El año pasado, el ministro de Habitat y Desarrollo Territorial le armó un acto sindical a Axel Kicillof con la federación y la CTA, mientras que al mismo tiempo la Justicia investiga a dos de los integrantes de la Federación en la causa de Espionaje Ilegal durante el Gobierno macrista que tenía el Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Los acuerdos locales van más allá de lo ideológico.
En Lanús la situación es similar pero con los actores invertidos. Miguel Pedelhez es el histórico titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús (STML), que tiene la personería gremial para discutir las paritarias. Integrante de la Federación de Ruggiero, Pedelhez no puso ‘peros’ a los acuerdos salariales durante una gestión y media de Néstor Grindetti en el distrito, hasta el año pasado.
En noviembre, días antes de las elecciones generales el gremio fue al paro con movilización a las puertas del Municipio a exigir un aumento de la paritaria que había quedado en revisión desde agosto. La pelea siguió hasta fin de año, cuando la Comuna dio un 5 por ciento por decreto y sin acuerdo. La situación se repitió este año. La semana pasada, el Intendente firmó la paritaria para este año a un 40 por ciento a noviembre con revisión, la misma pauta que lleva el Gobierno Nacional. Sin acuerdo con el Sindicato salió por decreto, pero desde el oficialismo se encargaron de aclarar que tenían el apoyo de Sindicato de Empleados Municipales de Lanús, que conduce Susana Chazarreta, dirigenta del peronismo bajo el ala del ex intendente Darío Díaz Pérez.
Pedelhez se quejó que no se respeta al sindicato con personería gremial, lo mismo que él hace en Avellaneda como representante de las 62 Organizaciones Peronistas, donde va a sacarse fotos con Ferraresi.
Otro caso problemático para la aplicación de la Ley 14.656 es Quilmes. Desde hace varios años los sucesivos gobiernos municipales, sin importar el color político, han tendido puentes con el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Raúl “Ronco” Méndez. La gestión de Mayra Mendoza empezó con ruido porque si bien quiso llamar al conjunto de los sindicatos a una mesa de diálogo entró en conflicto con ATE.
El gremio de los estatales entiende que tiene casi un 30 por ciento del personal municipal afiliado y requiere representación de delegados paritarios, así como que se firme el Convenio Colectivo de Trabajo, un derecho que los trabajadores ganaron con la salida de la ley en 2014 y que ha sido de difícil sino de imposible aplicación en los distritos.
Después de dos años con protestas y algunas peleas, la relación de Claudio Arévalo (ATE) con el Municipio parece haber mejorado y está en línea con la que tiene la conducción provincial con el Gobierno de Axel Kicillof. Participa de los actos de Gobierno y celebró el anuncio de la Intendenta en la apertura de sesiones para el pase a planta permanente de los contratados. Sin embargo, a la hora de acordar números de aumentos, el Municipio sigue eligiendo a Méndez.
En Berazategui la situación cambió desde hace algunos años. El Sindicato de Trabajadores Municipales local, con fuerte presencia en Servicio Públicos, trajo algunos dolores de cabeza, primero a Patricio y luego a Juan José Mussi. Pero eso nunca fue un impedimento para que la Comuna decida unilateralmente el aumento que se le asigna año tras año a los trabajadores.
El Sindicato hoy tiene una ruptura interna con un sector de la izquierda que tomó protagonismo y gana lugar de representación. Así estuvieron al frente del reclamo por el despido de más de 100 trabajadores contratados, mientras la conducción no se manifestó. Mussi se refirió a esto en la apertura de sesiones y aseguró que “quienes no cumplen sus funciones no pueden permanecer en sus puestos”, justificando así la decisión.
En Almirante Brown y Esteban Echeverría la relación ha sido más cercana a una negociación real. Si bien año tras años, los Sindicatos de Trabajadores Municipales de ambos municipios aceptan la pauta salarial que impulsan los intendentes, sí tienen margen de protesta. Este año Gray tuvo que conceder varios pases a planta para llegar a un acuerdo.
En Montegrande los conflictos llegaron a tener a la policía queriendo sacar a los delegados que tenían tomado cada piso del municipio. En Adrogué, las protestas del sindicato no son una cuestión aislada. El gremio tiene sus cajas y las protege.
La relación más sencilla la tienen Andrés Watson en Florencio Varela (Julio Pereyra) y Marina Lesci (Martín Insaurralde en licencia) en Lomas de Zamora con sus respectivos gremios. Son parte de su estructura política, en el paradójico caso que los representantes de los trabajadores trabajan (valga la redundancia), políticamente, para sus patrones.
La única situación inusual en Lomas se da con los trabajadores municipales de área de salud que están inscriptos a APSLZ (Asociación del Personal de Salud de Lomas de Zamora), quienes sostienen una posición crítica y de continuo reclamo, en línea con la posición que tiene CICOP con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
