A través de un documento emitido por el Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL), la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires salió en apoyo de la polémica ordenanza aprobada la semana pasada en el Concejo Deliberante de Avellaneda que permite al Ejecutivo Municipal declarar terrenos no construidos de utilidad pública y quedar sujetos a expropiación.
En el texto del COPREVIOL, que lleva las firmas del Ombudsman bonaerense, Guido Lorenzino, la senadora bonaerense del Frente de Todos, María Raigada; la diputada del mismo bloque, Roxana López; Dr. Norberto I. Liwski, Presidente CODESEDH; integrantes del Cels y funcionarios bonaerense, plantean que de «máxima relevancia institucional la adopción de la ordenanza en Avellaneda que crea el Registro Público Municipal de Inmuebles Baldíos, Inmuebles con Edificación Derruida o con Edificación Paralizada, en línea con lo dispuesto en al artículo 84 del Decreto 8912/77, en la redacción de la Ley 14.449, y que establece la obligatoriedad en cabeza de las y los propietarios/as de parcelar y/o edificar los inmuebles baldíos, aquellos con edificación derruida, o los que presenten edificación paralizada».
«Comprendemos que la generación de suelo urbano, junto con la provisión de servicios esenciales, constituyen pilares elementales en materia de promoción y protección de los derechos humanos. La posibilidad de adoptar acciones concretas en materia normativa o reglamentaria, junto con la apuesta a modificar la capacidad instalada, los coeficientes de ocupación territorial y los mecanismos de apropiación de la plusvalía urbana, constituyen herramientas imprescindibles a la hora de garantizar el derecho a la ciudad a las grandes mayorías», sostuvieron los firmantes.
En la misma línea, pidieron ampliar las «inversiones públicas de redes de energía eléctrica, de gas natural, de agua y cloacas, a instalar infraestructura escolar, sanitaria, de instrumentar la recolección y gestión de residuos, la forestación, o el despliegue de redes de transporte público», ya que «deben encontrar un correlato en la planificación urbanística, en los parámetros y estándares de utilización del suelo, de modo de tornar eficaz y eficientes las mismas».
El punto central del documento, es que el organismo que integra la Defensoría del Pueblo de la Provincia entiende que «la ordenanza se ajusta a criterios rectores en materia urbanística, y que los desafíos sobrevinientes a partir del crecimiento demográfico, las migraciones internas, o el impacto propio de las transformaciones laborales, deben permitir trazar ecuaciones de corresponsabilidad social e individual específicas. El debate futuro debe orientarse a evitar que los inmuebles se consoliden como activos financieros, para propender a realzar su incidencia como bienes que revisten interés público».
«El derecho a la vivienda digna, como horizonte, sitúa en cabeza de los Estados la obligación de gestar políticas públicas como la que se ha puesto en marcha en Avellaneda. Por ese motivo creemos indispensable manifestar nuestro apoyo explícito y proponer ámbitos de reflexión y debate sobre la temática», sentenciaron los firmantes.
