La denuncia que realizó la nueva titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño,sobre espionaje ilegal durante el Gobierno de Mauricio Macri tuvo su repercusión local. En el listado de funcionario aparecieron dos de la Municipalidad de Avellaneda, hoy ambos concejales, Pablo Vera y Mauro Bataffarano. Además, había índices que señalan a la policía bonaerense, la regional Lanús y la Comisaría tercera de Avellaneda.
«Me sorprendió mucho, me enteré ayer por un amigo», dijo Vera a El Termómetro y aseguró que esperará a ver cómo avanza la causa judicial.
Ayer, Caamaño presentó una denuncia penal por presunto espionaje ilegal a personas vinculadas a la actividad política, periodistas, dirigentes y policías durante el gobierno de Cambiemos, tras el hallazgo de información recuperada de un disco rígido que había sido borrado, y requirió la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri. La denuncia quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y del fiscal Jorge Di Lello.
En el largo listado de espiados por la Agencia de Inteligencia estatal aparecen la actual vicegobernadora Verónica Magario, la abogada y actual ministra de Género y la Mujer, Elizabeth Gómez Alcorta; y el dirigente Martín Sabatella, entre los referentes kirchneristas; pero también están los nombres de Luis Majul; Laura Alonso, Nicolás Massot y Ernesto Sanz, entre los dirigentes del ex oficialismo y periodistas afines.
Caamaño apuntó la causa, públicamente, contra el ex presidente y aseguró que pidió su indagatoria»en su calidad de ser el responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional»,así como las del ex director y la ex subdirectora de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Para muchos sorprendió la apaarición de los dirigentes avellanedenses. Algunos los vinculan a su cercanía con Ferraresi, uno de los intendentes más opositores durante el período 2015 y 2019, así como Presidente del Instituto Patria, el organo que utilizó Cristina Fernández de Kirchner para contener a su tropa luego de la salida del poder.
La denuncia presneta un presunto espionaje ilegal que se habría iniciado desde al menos el 2 de junio de 2016 sobre correos electrónicos privados de como mínimo 80 damnificados y contaron que la información fue recuperada de un «disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado».
