Sin bien la legislatura de la provincia de Buenos Aires no está sesionando y no se sabe cuando lo volverá a hacer, la senadora del Frente de Todos, Agustina Propato, presentó un proyecto para modificar la Ley de Obra Pública provincial y que no puedan presentarse a licitaciones aquellas empresas que despidan o suspendan empleados.
En los fundamentos del proyecto, y luego de destacar las medidas tomadas por el gobierno nacional y provincial para auxiliar a pequeñas y medianas empresas, la legisladora explica que “esta crisis excepcional conlleva la necesidad de adoptar medidas de idéntica índole asegurando a los trabajadores y a las trabajadoras que esta situación de emergencia no les hará perder sus puestos de trabajo, ya que el desempleo conlleva a la marginalidad de la población” y que “resulta indispensable garantizar la conservación de los puestos de trabajo por un plazo razonable, en aras de preservar la paz social y que ello solo será posible si se transita la emergencia con un Diálogo Social en todos los niveles y no con medidas unilaterales, que no serán más que una forma de agravar en mayor medida los problemas que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, procura remediar”.
La modificatoria a la Ley establece que “No serán admitidas en el Registro de Licitadores las personas físicas o jurídicas, que en el marco de una emergencia dispuesta por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional o Provincial o sancionada legislativamente, no cumplieren con lo allí establecido o realizaranconductas tendientes a generar la suspención o extinción de relaciones laborales sin justa causa, por falta o disminución de trabajo y/o invocando fuerza mayor” y que “La Comisión de clasificación del Registro de Licitadores deberá evaluar sin excepción el cumplimiento de este requisito antes de expedirse respecto a la inscripción, clasificación, calificación, capacitaciones y permanencia en el registro de las empresas.”
Finalmente, Propato sostiene que “esta propuesta pretende que el Estado Provincial evalúe entre las condiciones de las empresas con las que se habrá de contratar en futuras licitaciones para obras públicas, que las mismas no hayan incurrido en conductas violatorias de las medidas dictaminadas en el marco de una emergencia publica que rigen en este difícil momento que atraviesa la humanidad toda, poniendo en valor la necesidad de trabajar mancomunadamente con los mismos objetivos y en cumplimiento de la legislación de protección a los trabajadores que se ha decidido priorizar”.
