El Concejo Deliberante de Avellaneda volvió a sesionar y, prácticamente, retomó donde había dejado en el encuentro anterior: la moratoria jubulatoria para amas de casa. Con un recinto lleno por primera vez en varias semanas, el Cuerpo aprobó un pedido de pronto tratamiento a un proyecto presentado en la Cámara de Diputados por Unidad Ciudadana. Además, en el marco de los cortes en La Plata, hubo un pedido de información al Gobierno de la Provincia para que notifique sobre el contrato de transferencia de Edesur a la órbita bonaerense y un pedido sobre tablas para que cese el proceso en contra el juez de Garantías local, Luis Carzoglio.
La jornada comenzó con el pedido de tratamiento adelantado del proyecto que pide un pronto despacho en el Congreso de la iniciativa de Ley «Plan de Inclusión Previsional Argentino», la palabra la tuvo el edil Juan Acosta, delegado de los trabajadores de ANSES, quien explicó la necesidad de aprobar la nueva norma porque a pesar que se extendió la moratoria para la jubilación «no se modificó la fecha de corte que quedó en el año 2003, esto deja a millones de argentinos y argentinas sin posibilidad de jubilarse». Pidió que se extienda hasta 2011.
Al igual que en la sesión pasada le contestó Maximiliano Gallucci, ex titular de la ANSES local, quien recordó que la extensión estaba prevista en la ley «como dijimos que pasaría la semana pasada» y galardonó que con la actual gestión «ahora una persona tarda tres meses en jubilarse y no un año y medio». Fue abuchado por invitados presentes en las gradas.
También sobre tablas, se trató una iniciativa del concejal Ramón Leiva (Red X Argentina) que busca manifestar repudio y preocupación por la situación del Juez de Garantías, apartado de su cargo, Luis Carzoglio. Pablo Vera (UC), Mónica Litza (FR) y el propio Leiva coincidieron en la necesidad de destacar que la situación del magistrado es producto de no haber «fallado como quería el poder político». Incómodo, Sebastián Vinagre (presidente del bloque de Cambiemos), hizo malabares para defender al Juez y pedir que el Yury de enjuiciamiento lo devuelva a su cargo, pero intentar matizar la situación política.
Carzoglio estuvo presente en el Concejo, con perfil bajo y desde la tribuna observó la discusión sobre su situación. El 9 de agosto se determinará si el Yury se levanta o continúa, de ser así tendría una suspensión con un recorte del 40 por ciento del sueldo mientras se lo sigue investigando. Llevará la resolución del Cuerpo para sumar a su defensa.
El último tema que cruzó a oficialistas y opositores fue el traspaso de Edesur a manos del Gobierno de la Provincia y CABA. Matías Murabito (UC) defendió una iniciativa que solicita información al Ejecutivo de María Eugenia Vidal. Uno de los puntos de relevancia fue la ausencia de un ENTE de control compartido por las dos jurisdicciones que aplique a la empresa. Sin embargo, la discusión derivó en el uso de la energía. Roben Conde señaló que el país «volverá a exportar gas» y Vera asegura que es «porque la capacidad instalada de las fábricas está al 50 por ciento» y se consume menos. Entre chicanas políticas cruzas, la iniciativa salió aprobada por la mayoría que tiene el cuerpo y se espera que se sume a resoluciones similares de otros distritos.
