En el Consejo Deliberante y con la presencia de concejales, referentes de los DDHH, religiosos y políticos del distrito, la familia de Pablo Fernández, joven que en agosto de 2018 fue brutalmente golpeado por efectivos de la policía bonaerense, denunció que son amedrentados y hostigados por miembros de la comisaria Quilmes 7ma. Solicitaron custodia y que en los trámites de la causa por apremios ilegales no actúen agentes de esa comisaría.
Además del propio Pablo y su familia, de la conferencia de prensa participaron la concejal de Unidad Ciudadana Eva Stoltzing, Ezequiel Arauz del Frente Patria Grande, Walter Ormazábal del Colectivo Quilmes Memoria Verdad y Justicia y la APDH, Nora Huertas de la LADH, Laura Leonardi de la CTA, el pastor de IAPI, Iván Carrillo y José Estevao, subsecretario de Derechos Humanos del municipio.
La golpiza ocurrió el 18 de octubre 2018. La causa por “vejaciones y apremios ilegales en acto de servicio” contra los agentes Marcelo Ampuero y Guzmán Ezequiel se sigue en la UFI 1 a cargo de Ariel Rivas y adquirió relevancia nacional porque un video anónimo registró los apremios y se viralizó en las redes sociales.
“El 24 de octubre, a días de los ocurrido, la familia a través de las abogadas Sofía Caravelos y Gabriela Carpinetti pidió custodia por primera vez, cuestión que se repitió en enero y febrero y en todos los casos fue denegada por falta de personal” explicó Arauz y remarcó que todos esos pedidos son enviados a la propia comisaria 7ma, implicada en la denuncia inicial.
“El ministerio de Seguridad provincial asumió la defensa de los policías facilitándoles al abogado Darío Paladino. La causa no muestra mayores avances. Las pericias sobre videos y la capa de 911, que servirían para saber que pasó aquel día, recién fueron ordenadas el 28 de febrero. Todo con mucha demora y priorizando el testimonio de los policías” agregó el referente del Frente Patria Grande.
Silvia Sena, la tía de Fernández, explicó que a su hijo Gonzalo lo demoran varias veces a la semana para pedirle documentos y el que el pasado fin de semana lo detuvieron sin motivo en la 7ma, liberándolo el sábado por la mañana. Además efectivos policialesfotografiaron su casa o le entregaron a Pablo citaciones falsas.
Estos hechos fueron denunciados ante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. La Comisión Provincial por la Memoria adhirió a la conferencia de prensa y también sigue el caso desde el inicio.
Al respecto, Stoltzing dijo: “No puede ser que la investigación quede en manos de los policías que fueron compañeros de los denunciados, eso habilita este tipo de hostigamiento que queremos hacer visible”. “Es grave que no exista en la provincia un sistema de protección de quienes denuncian violencia policial o institucional” agregó.
“No podemos dejar que se naturalicen y se asuman como corrientes estas prácticas abusivas por parte de la policía, que es alentada y premiada por estas actitudes desde lo más alto del gobierno nacional” expresó Ormazabal. Estevao por su parte se comprometió a gestionar ante la secretario de Seguridad del gobierno municipal del que forma parte, para que intervenga ante las autoridades policiales “a fin de que no desvirtúen su trabajo”.
