Un grupo de empresarios denunció que no puede acceder a la escrituración de terrenos en el Parque Industrial de Quilmes por una deuda que la Unión Industrial local (UIQ) mantiene con el fisco. Sostienen que sin ese título no tienen completa potestad sobre las fábricas y está en riesgo la continuidad de los establecimientos en el sector planificado, con el consecuente peligro de la pérdida de puestos laborales.
“No pueden escriturar porque la Unión Industrial de Quilmes le debe 150 millones de pesos, eso se actualiza todos los días. A partir de eso, Catastro impide que se otorgue una matrícula por carda terreno del parque”, relató en diálogo con El Termómetro el abogado denunciante, Nahuel Azcoitia.
La deuda existente es “en materia impositiva” respecto de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA). Según detalló el letrado, la UIQ “se desentendió del tema y administró mal el parque”, lo cual llevó a una situación que el empresariado calificó de “irreversible” y que podría llevar a que muchos dejen el lugar.
“Desde nuestro lugar hacemos lo posible para que no cierre, pero desde la otra parte están reticentes a sentarse a hablar y buscar una solución. Nos e llega a una solución, hace diez años que no presenta los balances y eso da luz sobre la mala administración y el mal manejo que tienen”, ejemplificó.
Ante este escenario, un sector de pequeños y medianos empresarios puso de relieve esta situación porque “quieren tener la escritura”, más allá de que les corresponda, debido a «la inseguridad que genera no tenerla».
“Son 141 hectáreas y debe haber cien ocupadas. Es un lugar que da trabajo a más de 3 mil personas y el riesgo es probable de que queden sin ese lugar”, insistió y remarcó en que por el momento no se pronunció al respecto ningún representante del gobierno municipal.
En tanto, por el momento hay dos denuncias realizadas contra la entidad, “una fue hecha en la Dirección de Persona Jurídica y la otra es por las irregularidades en la venta y compra de terrenos a un precio muy inferior al de mercado”. No obstante, no hubo avances en ningún sentido.
“Ante los oídos sordos de la administración pública, recurrimos a la Justicia y ver si desde ahí podemos tener una solución”, concluyó Azcoitia.
