El Concejo Deliberante de Quilmes sesionó este martes con la presencia de diferentes grupos de vecinos que llevaron al recinto varios reclamos, sumado a una larga lista de pedidos de la oposición que despertaron fuertes discusiones con el oficialismo.
Con veintitrés concejales presentes, y a casi un mes de la última sesión ordinaria, este martes sesionó el HCD de Quilmes. Si bien no hubo temas de relevancia aprobados con los despachos de comisión correspondientes, la oposición tuvo fuertes cuestionamientos en el recinto a través de minutas de comunicación.
Los temas pasaron por las más diversas problemáticas, entre ellas la necesidad otorgar un aumento extra para los trabajadores municipales que cobran el fondo de garantía salarial; la grave situación que atraviesa la Cooperativa “El Progreso” debido al aumento de tarifas; problemas en el área de discapacidad, que tendría alrededor de seiscientos trámites parados; la reparación de un importante número de calles en el barrio Las Lágrimas; el problema sanitario que atraviesa una zona de Villa Lujan, con gran cantidad de personas con problemas de piel y una unidad sanitaria que denunciaron esta vaciada; el pedido de asistencia a una familia de la ribera a la que se le incendió su vivienda; y un pedido de informes por la situación actual de la Escuela Municipal de Bellas Artes, entre otros.
Además estuvieron en el recinto vecinos del barrio La Cañada, quienes están reclamando que se les informe sobre las obras que se están llevando adelante en la zona ya que están en algunos casos paralizadas y generan diversos problemas a los vecinos. Fue el concejal Ángel García, quién recordó que quince días atrás los vecinos se reunieron con funcionarios del ejecutivo quienes se habían comprometido a dar respuestas a las 48 horas, pero esas respuestas nunca llegaron; además pidió operativos de fumigación y desratización en la zona.
De la misma manera, llegaron al HCD un grupo de vecinos que ya presentaron un expediente mediante mesa de entrada reclamando obras para la zona de la ribera, particularmente la comprendida entre Cervantes, Autopista, España y Otamendi. Los vecinos piden obras de asfaltos, agua, cloaca y desagües. Sin embargo, el pedido realizado por el concejal del Unidad Ciudadana, Diego Méndez, no obtuvo los votos necesarios para la aprobación lo que generó un fuerte cruce entre los ediles e incluso el público presente. El concejal de Cambiemos, Guillermo Galetto, pidió no llevar vecinos para que confronten con los concejales y ponerse a trabajar para resolver los problemas.
A su vez, se hicieron presentes los vecinos del barrio La Paz, que vienen reclamando por la instalación de una antena de telefonía celular ilegal. La concejal Susana Cano, aunque reconoció que el ejecutivo se encuentra trabajando en el tema las acciones no han sido las que correspondían, y aseguró que no es cierto lo que informó el gobierno municipal respecto a que el juez Briasco dispuso el desmantelamiento de la misma; medida que fue reclamada por la concejal.
También Cano hizo una dura presentación respecto del caso de una chica que estuvo desaparecida, que la encontraron luego de a haber sido secuestrada, y que hubo importantes y serias irregularidades por parte de la policía a partir de ese momento, pero lo más grave fue que la concejal de Unidad Ciudadana aseguró vio cómo la Directora de Políticas de Género del gobierno municipal “colaboró con la policía en vez de asistir a la víctima con los equipos interdisciplinarios”; por este motivo es que hizo pedido de informes sobre el trabajo que el área lleva adelante, pero este no fue aprobado.
Finalmente el concejal Diego Méndez buscó aprobar un pedido de informes sobre el SAE (Servicio Alimentario Escolar), pero no consiguió los votos necesarios para su aprobación. El edil cuestionó que dos empresas se hayan quedado con once de las diecisiete zonas y que estas no están radicadas en el distrito.
Varios expedientes tomaron estado legislativo para comenzar a discutirse en las Comisiones, entre ellos la habilitación de la Feria Alimenta; la Declaración de Emergencia en Violencia de Género; la adhesión a la ley provincial que obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas y una modificación del reglamento interno del HCD, entre otras.
