La Municipalidad de Quilmes volvió a clausurar el basural conocido como “Doña Cata”, de la localidad de Bernal, mediante un megaoperativo que coordinó la Agencia de Fiscalización de Control Comunal luego de corroborar que en el lugar continuaban con acciones clandestinas pese al cierre dispuesto por el Tribunal de Faltas comunal en enero pasado.
Se prevé que en los próximos días se realizarán en ese predio, ubicado en la intersección de las calles 880 y 815, varios peritajes con el objetivo de aportar información en la causa por “delito contra la salud pública”, que lleva adelante Ariel Darío Rivas, de la Unidad Funcional de Instrucción Nro 1.
“Se constató que el predio continuaba funcionando e incluso se tiraban mayores cantidades de residuos de todo tipo, sobre el suelo y a cielo abierto, con el riesgo que eso supone tanto para el medioambiente como para la población. El objetivo es cumplir con la misión que dispuso el intendente Martiniano Molina de terminar con todo este tipo de prácticas clandestinas”, indicó Miguel Del Castillo, titular de la Agencia de Fiscalización de Control Comunal.
Por ello, el Tribunal de Faltas comunal aplicó la reclausura del basural y prohibió el ingreso de camiones de volquetes para evitar que se continúen arrojando residuos sin control en ese terreno.
El operativo se realizó con el respaldo del Grupo GAD y contó también con la participación de personal de la Secretaría de Seguridad y de Defensa Civil del Municipio; de la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas Complejo Sur Avellaneda/ Esteban Echeverría; y de la Comisaría Seccional 5ta “La Cañada”.
La Agencia de Fiscalización y Control Comunal solicitó una orden de allanamiento a la Unidad Funcional de Instrucción Nro 1 y al Juzgado de Garantías Nro. 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con el objetivo de ingresar al terreno para tomar muestras del suelo y proceder al secuestro del material bajo análisis para medir niveles de contaminación, y compararlos con los valores permitidos legalmente.
“También encontramos una vivienda precaria, habitada por varias personas, incluidos menores de edad. Todos ellos están expuestos a peligrosas situaciones sanitarias”, agregó Del Castillo.
Según la información que analiza la Justicia, en el marco de una causa penal que impulsó el Municipio, ese predio se encontraba ocupado por un grupo de personas, que cobraban para que arrojen residuos de manera ilegal. Además, eran habituales las quemas para reducir la cantidad de basura y continuar operando.
Por esa situación, el titular del Tribunal de Faltas Nro 3, Jorge Briasco, ordenó el 18 de enero pasado la clausura del basural para poner fin al ingreso permanente de camiones de volquetes que tiraban distintos tipos de residuos, incluidos tambores con material posiblemente peligroso.
