María del Carmen Verdú, titular de Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional, habló acerca de episodio que ocurrió en diciembre cuando un agente mató a un delincuente que había atacado a un turista en La Bora. Tras el apoyo público del presidente Macri y la viralización del video que muestra a Luis Chocobar disparando por la espalda, la Negra apuntó contra el gobierno nacional y la ministra Bullrich.
La decisión del juez Enrique Velázquez de procesar y embargar por $ 400.000 al policía bonaerense que baleó y mató a un delincuente que acababa de robar junto a un cómplice al turista norteamericano Frank Joseph Wolek en La Boca, puso nuevamente el hecho en la agenda pública. Pocas horas después de conocerse esa postura, Mauricio Macri recibió a Chocobar en su despacho de la Casa Rosada.
Sin embargo, la polémica se encendió cuando empezó a circular un video que toma al oficial de la Policía Local de Avellaneda disparando por la espalda a Pablo Kukoc, de 18 años, contradiciendo lo que había declarado. Rápidamente surge la pregunta: ¿El gobierno sabía que el hombre acusado de “homicidio con exceso en legítima defensa” no actuó en defensa propia?
“Alguien muy ingenuo o con pocos elementos para analizar el aparato estatal puede pensar que hubo un descuido porque no sabían que las imágenes existían. Que los disparos habían sido por la espalda se sabía desde el primer momento”, dijo María del Carmen Verdú en diálogo con El Termómetro.
La referente de la CORREPI aseguró que fue “un fusilamiento de gatillo fácil”. “No es una simple cuestión de un desliz, es una política pública clara que ratifica de lo que Patricia Bullrich planteaba después del caso de Rafael Nahuel”, aseguró la defensora de derechos humanos.
Según la Negra, el Ejecutivo le está “hablando” al sector que “debe disciplinar” al mandar un mensaje diciendo que “los vamos a cagar a tiros”. Además remarcó una avanzada en casos de represión en torno a las fuerzas de seguridad: “Al terminar el gobierno anterior había un promedio de 0,73 muertes por día, y ahora hay 1,1 por día”.
En cuanto a la carátula puesta por el titular del Juzgado Nacional de Menores 1 de la Ciudad de Buenos Aires, la calificó como “una figura atenuada que permite la excarcelación”. “Venimos diciendo de una verdadera suspensión de derechos y garantías. No es precisamente un juez que comparta alguna preocupación por terminar con el gatillo fácil”.
