El obispo de la Diócesis de Quilmes fue elegido en las últimas horas como presidente de Cáritas Nacional por el período comprendido entre 2017 y 2020, luego de la 114° Asamblea Plenaria del Episcopado argentino. Al mismo tiempo, el religioso firmó una carta junto a otros referentes dirigida al Senado de la Nación pidiendo que no cierren los centro Atajo ante la posible modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Carlos Tissera viene desde hace varios años desarrollando una política social y comprometida en los diferentes barrios de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela. El cambio de visión del obispo lo llevó a tomar mayor preponderancia dentro de Conferencia Episcopal Argentina, motivo que lo catapultó para ser elegido como máximo exponente de Cáritas a nivel nacional. A su vez, el obispo de San Isidro, Oscar Ojea, fue electo como nuevo presidente de la CEA en lugar de José María Arancedo.
Por otra parte, un conjunto de ocho obispos, entre los que se encuentra Tissera, envió una misiva ante la reforma del Ministerio Público Fiscal en el Senado que impulsa el Gobierno. Según explicaron, el proyecto de cambios en la Ley 27.147 “deroga la existencia de Direcciones generales y Procuradurías, especialmente la Dirección de Acceso a la Justicia”.
Atajo es un programa que se desarrolla en diferentes diócesis -incluida Quilmes- junto a las parroquias y servicio pastoral en “la atención cotidiana de personas en situación de vulnerabilidad que habitan en las villas y barrios”.
“Entendemos que la supresión de dicha área en la ley implica una mala señal para el trabajo realizado y para la institucionalidad obtenida, además del riesgo de dejar en la discrecionalidad la continuidad de dicha política para una futura gestión, dejando a los sectores más desprotegidos frente a la ley”, explicaron en el comunicado enviado a Federico Pinedo (presidente provisional del Senado), Miguel Pichetto y Rodolfo Urtubet (presidentes de bloque), y Pedro Guillermo Ángel Guastavino (presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales).
Tissera y los otros firmantes afirmaron que resulta importante mantener y fortalecer la política de la presencia de funcionarios y empleados judiciales en los barrios más carenciados. Asimismo, los obispos solicitaron a los legisladores que “tengan en cuenta la posibilidad de que la Dirección de Acceso a la Justicia sea mencionada expresamente en la ley como necesaria”.
