El Centro de Economía Política contabilizó en uno de sus informes 39 hechos de violencia institucional y represion llevados a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado, en lo que va de 2017. Resalta el caso de la desaparición de Santiago Maldonado, tras una represión de Gendarmería en Chubut.
De los 39 casos consignados, 18 se llevaron a cabo durante el segundo trimestre. Durante los primeros seis meses de 2017, «la política represiva no parece concentrarse en un solo sujeto social: la padecieron trabajadores, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, partidos políticos, mujeres, vecinos, estudiantes, entre otros», explicaron desde CEPA en el informe.
Para los integrantes del Centro una «mención aparte merece el accionar de la policía bonaerense que no sólo hace víctimas de sus políticas represivas a trabajadores, dirigentes sociales, mujeres y vecinos sino inclusive a estudiantes secundarios y primarios».
La Red de Madres y Padres Contra la Violencia Institucional hacia las Escuelas, conformada por familiares de jóvenes de diferentes colegios, contabilizó más de 20 casos de violencia policial en escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano en 36 días.Asimismo señalan que si se cuentan los abusos policiales en colegios del interior y en universidades nacionales, el registro alcanza los 40 casos.
Para Cepa, «las políticas que vienen aplicándose desde la asunción del gobierno de Cambiemos, dan cuenta de que el ajuste económico y la redistribución regresiva del ingreso están acompañadas de la otra cara de la moneda, la represión, como parte de un mecanismo sistemático de disciplinamiento social». Y entiendente que «la represión funciona de esta forma como mecanismo de ‘contención’ del conflicto, de sofocar los reclamos y como mensaje de futuros reclamos, protestas o voces disidentes».
También apuntan a detenidos políticos: «Tras dos años de gestión de Cambiemos cada vez son más los manifestantes que se suman a la lista de imputados y/o encarcelados. Entre ellos podemos mencionar a referentes de diferentes provincias. En Río Negro detuvieron a integrantes de ATE por su participación en una manifestación frente a la Legislatura, entre los que se encuentran el Secretario General de ATE yCTA Autónoma de Río Negro Rodolfo Aguiar y al secretario Adjunto de ATE y de la CTA Autónoma Río Negro Aldo Capretti. En lo que refiere a la provincia de Mendoza se imputó al diputado del PTS FIT Lautaro Jimenez; los legisladores del PO FIT Víctor Dávila y Héctor Fresina, los delegados y referentes sindicales Guillermo Martínez, Raquel Blas, Jonathan Neira, Jorge Chávez y el abogado de derechos humanos Enrique Jasid, por haber participado activamente en el paro realizado el pasado 6 de abril».
Como epicentro del estudio se encuentran la represión de Gendarmeria en Chubut, desde cuando está desaparecido Santiago Maldonado y la detención e incomunicación por 55 horas de 33 personas luego de la marcha a Plaza de Mayo, pidiendo por la aparición del joven.
