Walter Miralles, director de Asistencia a las Víctimas y Relaciones con la Comunidad de Lanús, habló con El Termómetro sobre la aprobación en el Congreso de la legislación que ampara a aquellas personas o familiares que sufrieron algún delito. El funcionario, quien padeció una pérdida producto de la inseguridad, destacó el valor de lo logrado aunque indicó que todavía no hay igualdad de plano.
La vida de Miralles tuvo un giro en 2005, cuando Santiago, su hijo (6 años), fue asesinado tras ser blanco de un secuestro extorsivo en la zona de Canning. A partir de esa situación, formó una ONG destinada a apoyar a víctima, luego trabajó en el Consejo Asesor en el Ministerio de Justicia de la Provincia y actualmente se desempeña en el Municipio de Lanús.
Según comentó, la flamante ley provee a las víctimas o a sus familiares de nuevas herramientas, como la asistencia gratuita de un defensor público de la víctimas, el acceso al expediente y a ser escuchado y protegido. También se crean centros asistencia que funcionarán las 24 horas para el ámbito federal en todo el país. “Uno de los cambios fundamentales es el concepto de víctima. La víctima no solamente pasa a ser la persona que sufre el delito, sino los que lo representan”, dijo.
A partir de la normativa, en caso de que el condenado que “tenga el beneficio de salida transitoria” se le “informará” a la víctima. “Es algo que vengo peleando hace más de 10 años. Siempre decía que la balanza de la Justicia estaba bastante inclinada para el lado de los derechos de los imputados”, apuntó Walter.
A su vez, destacó la complementariedad que hay con la “Ley de Ejecución”, la cual también fue recientemente sancionada. El proyecto les pone límite a las excarcelaciones o salidas anticipadas a condenados por delitos graves (violaciones, muertes por torturas, trata, robos a mano armada y narcotráfico). Por eso, recordó que por el caso de su hijo, dos los sujetos “cumplen condena” y los otros dos “ya fueron liberados”.
Más allá de la importancia de la ley, para Miralles “no logramos la igualdad” entre los beneficios para víctimas y victimarios. “Hoy en día, el que roba o mata tiene de forma automática un abogado defensor. El imputado que tiene plata puede rechazar al abogado oficial y pagar al particular. En el caso de la víctima no es tan así. Tenés que justificar que no tenés solvencia para pagar un abogado”, aseveró.
En Lanús ya funciona un Centro de Víctimas, el cual asesoró 578 casos durante 2016, que van desde simples robos hasta casos de homicidio.
