El ex intendente de Almirante Brown Darío Giustozzi fue llamado a declarar por una causa en la que el juez federal Sergio Torres investiga “la construcción de un sistema desvinculado de recolección y tratamiento de efluentes cloacales que no funciona”. La obra en cuestión, relazada en Claypole, demandó un gasto de más de cinco millones de pesos.
De acuerdo al escrito judicial la suma utilizada “representa un intencional derroche del patrimonio estatal ya que, desde la propia planificación del proyecto se sabía que el Sistema -en la forma que había sido diseñado- nunca podría funcionar, y pese a ello, se dilapidó dicho capital avanzando en ese inconducente cometido”
El magistrado que lleva adelante el proceso, por disposición de la Corte Suprema de Justicia, tiene a su cargo el control del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y fue en ese contexto en el cual analizó las tareas de la creación del «Colector Claypole Centro» y la «Plata de Efluentes Cloacales Claypole», donde encontró una serie de irregularidades que derivaorn en una denuncia.
La acusación sobre el ex jefe comunal se debe a que estaba “totalmente prohibido ejecutar construcciones por fuera del plan director”, sin el permiso de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa que tenía a cargo la labor. En la misma situación se encuentra su sucesor y actual concejal massista, Daaniel Bolettieri, quien por entonces se desempañaba como secretario de Infraestructura de la comuna.
Según trascendió, existen evidencias que prueban que el actual diputado nacional falsificó documentos alusivos a la autorización de AySA a fin de “lograr el financiamiento y la aprobación de Enhosa”
Con este escenario, las declaraciones se tomarán entre el 3 y el 24 de agosto. Demás, están convocados a dar su testimonio el ex administrador de Enhosa Eduardo Bortolozzi; , ex subadministrador y luego administrador de Enhosa, Lucio Mario Tamburo; y el ex director de Hidráulica y Saneamiento del municipio Luis Carusso.
De acuerdo a la publicación del portal Infobae, Torres expresó que “ (los imputados) aprovechándose de los cargos que ocupaban en su conjunto y valiéndose de una situación de riesgo sanitario que aquejaba y sigue afectando a la localidad de Claypole, intencionalmente elucubraron, gestionaron, licitaron y tramitaron irregularmente los expedientes 1067/2009, 1162/2009, 5949/2009, y 14020/2010, a través de los cuales se diseñó, instrumentó, cumplimentó y llevó a cabo el improvechoso proyecto denominado ‘Sistema Claypole’, al que se destinaron al menos $5.353.352,47 de recursos públicos».
