En un hecho difícil de entender ACUMAR habilitó a las empresas que trabajan en el margen del Riachuelo a volcar nueve químicos (aldrin, clordano, DDT, dieldrin, endosulfan, endrin, heptacloro, lindano y paration) cuya prohibición data de 40 años atrás y que fue ratificada en 2013 por un informe del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
El organismo que preside Gladys González, posible candidata de Cambiemos en la próxima elección legislativa, y que tiene a su cargo el saneamiento de la cuenca Matanza – Riachuelo fue fuertemente cuestionada en las últimas horas por representantes de las cinco ONG que deben controlar que se cumplan las disposiciones de la Corte Suprema.
Este jueves, en el marco de un homenaje a Beatriz Mendoza, en el Concejo Deliberante de Avellaneda el tema estalló cuando el concejal del “PRO Línea Fundadora”, Daniel García, históricamente enfrentado a Gladys González, arremetió contra la gestión de ACUMAR “la violencia también se ejerce desde un escritorio y con una firma, porque vamos a poner en riesgo la vida de muchas personas, estoy para hacer un pedido de informes o presentarme en la justicia para que me den explicaciones de lo que está pasando, no se puede permitir esto mientras sale a hacer campaña para ser senadora nacional. Que se preocupe en fijarse lo que tiene que hacer en ACUMAR y no con esa cara de hambre tratar de matar personas” arremetió el edil.
En diálogo con El Termómetro, María José Lubertino, directora de la ONG “Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos”, que integra ACUMAR, manifestó que “cuando asumió la nueva directora apareció una resolución que dice que las nuevas autoridades establecen la necesidad de determinar cuánto se puede contaminar” en ese sentido explayó: “Cuando la Corte nos da traslado a las organizaciones, observamos siete sustancias que ya estaban prohibidas, sin embargo, aparecían como aprobadas en una medida permitida para verter. El organismo no puede establecerle un tope a una sustancia que está prohibida, el tope debe ser cero”.
Asimismo, Lubertino declaró que “yo creo que Gladys González firmó confiando en sus asesores, no sabía que esas sustancias estaban prohibidas. No se si lo hizo para beneficiar a las empresas, pero si no es doloso es negligente”, y finalizó «Nosotros vamos a iniciar las acciones judiciales correspondientes».
Cabe destacar que en la mañana de este jueves el concejo deliberante de Avellaneda aprobó una ordenanza para nombrar “Beatriz Mendoza” al edificio municipal que es sede de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional de Avellaneda. Beatriz Mendoza es quién a través de un trabajo incansable y tras la denuncia al Estado Nacional, provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires logra el fallo que desemboca en la resolución de la Corte Suprema de Justicia que crea ACUMAR y obliga al desarrollar y concretar un plan para el saneamiento de la cuenca Matanza – Riachuelo; esta causa es conocida cómo “Causa Mendoza” justamente por el impulso desarrollado por Beatriz.
Entrevista completa con María José Lubertino:
