La Asociación de Docentes Investigadores de la Universidad Nacional de Lanús (ADUNLA) lanzó el alerta sobre la reducción de fondos que afecta a la casa de altos estudios. La situación es consecuencia de la “distribución desigual” que dispuso el Congreso de la Nación respecto a una partida extra en el presupuesto universitario nacional que sólo beneficiará a 21 de las 55 universidades del país.
La suma en cuestión –expresada en la denominada “planilla B”- asciende a 1028 millones de pesos, los cuales fueron incluidos “a último momento” en la última sesión en la Cámara de Diputados. La medida ocasionó el rechazo de los actores involucrados y mucha preocupación por las dificultades que tendrán que atravesar varias unidades académicas, donde “se ve amenazado el pago de sueldo y los aguinaldos”
“Por una extraña razón, en vez de distribuir los fondos en todas, sólo lo recibieron 21 universidades y el resto quedó afuera de esa entrega normal con la cual se permite cerrar los gastos de fin de año, entre ellos la financiación de las carreras nuevas, al personal que implica, programas y proyectos: esta distribución no fue equitativa y no se sabe con qué criterios fueron repartidas”, señaló a El Termómetro la secretaria general del gremio, Silvia Cárcamo.
En este contexto, la referente gremial remarcó que la noticia generó un fuerte impacto porque “no había sospechas de que hubiera alguna dificultad ya que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había acordado el criterio de distribución”. Si bien mencionó que “normalmente había una especie de discriminación hacia las universidades del Conurbano, había un patrón en esta forma de discriminar pero ahora hubo un comportamiento que no es posible entender”.
“A partir de esto, aparece esta preocupación a menos de dos meses de terminar el año con todos los gastos que hay que dejar cerrados”, insistió.
Frente a este panorama, la rectora de la UNLa, Ana Jaramillo, redactó una carta dirigida a los senadores “que van a tener que refrendar o no lo que diputados aprobaron” respecto a esta “planilla discriminatoria” que perjudica a la institución que dirige, así como a tantas otras. En señal de acompañamiento, también hicieron lo propio los rectores de 19 universidades, incluso algunas de los cuales fueron beneficiadas.
“Los gremios docentes universitarios hemos estado todo el año en la calle reclamando por las cuestiones que se le van quitando a las universidades, por las campañas de desprestigio, por el ahogo económico que se está generando, considerando que no están en el interés del Gobierno (…) Hay una impotencia ante la falta de respuestas porque no se entiende porqué estas cuestiones se resuelven arbitrariamente”, reclamó Cárcamo.
