Organizaciones sociales y de derechos humanos le exigieron a Vidal que de marcha atrás con el decreto que daba marcha atrás con la resolución que había adoptado el Ministerio de Salud, liderado por Zulma Ortiz, que se adhería al “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo” elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación en abril de 2015.
Amnistía Internacional Argentina, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Socorristas en red y numerosas organizaciones feministas elevaron una carta a la gobernadora en la cual solicitan que se atenga a la resolución original firmada por Ortiz. “Las organizaciones firmantes queremos insistir en que retrotraer la situación y dotar de vigencia a la vieja resolución no solo representa un desconocimiento y un revés para los derechos de las mujeres, sino además compromete la responsabilidad constitucional e internacional de la provincia y el Estado”, sostuvieron.
Cabe destacar que , tras su decisión, la gobernadora María Eugenia Vidal declaró en televisión que “la Provincia ya tiene una guía de procedimientos propia que representa estrictaente lo fijado por la Suprema Corte de Justicia”. Por su parte, la ministra Ortiz quedó fuertemente golpeada ya que la decisión de dar marcha atrás con la medida, fue del secretario de Legal y Técnica, Julio Conte Grand, que frenó su publicación en el Boletín Oficial.
Mientras tanto, desde la Cmapaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, convocaron esta mañana a una movilización a casa de gobierno para “exigirle a María Eugenia Vidal la inmediata adhesión al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo”. Además a través de un comunicado denunciaron la ligazón de varios ministros con el Opus Dei: “La gobernadora se negó a hacer oficial la resolución ministerial, es decir, el pueblo eligió a Vidal para gestionar la provincia, pero en vez de garantizar los derechos de las mujeres y cumplir tratados internacionales, decide manejarse desde la moral católica, desde la campaña nos preguntamos: El acceso a la salud de las mujeres y la garantía de nuestros derechos en manos de quiénes están. Nos dirige las políticas públicas un fascista anti-derechos como Conte Grand y el Ministro de Producción Joaquín de La Torre integrantes del OPUS DEI”.
