A igual que lo había intentado el Gobernó Nacional con el artículo 85 de la ley de Blanqueo de capitales, a través del decreto 647 aparecido hoy en el boletín oficial de la provincia de Buenos Aires, la Gobernadora, María Eugenia Vidal prohibió a periodistas y terceros publicar datos patrimoniales de los funcionarios de la gestión. Horas después su Secretario Legal y Técnico, Julio Conte Grand, anunció que la Provincia redactará una rectificación.
La determinación de la Gobernadora buscaba modificar el decreto N° 116, con el que había obligado a ella misma, sus funcionarios, agentes del Servicio Penitenciarios y la Efectivos policiales con el grado de subcomisario en adelante, a publicar sus declaraciones juradas de bienes. Con esta nueva medida esos datos no serían de dominio público.
La decisión generó un fuerte rechazo y Vidal dio marcha atrás. En un comunicado oficial emitido por la Gobernación se explicó: “a raíz de las dudas generadas por el decreto 647/16 publicado hoy en el boletín oficial, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires reconoce un error en la redacción del mismo. Por lo tanto, la Gobernadora resolvió derogar los artículos 1, 2 y 7, para despejar cualquier inquietud sobre el libre acceso a las declaraciones juradas, así como a cualquier otro asunto de interés público”.
