Organizaciones sociales, sindicales y políticas poblaron la barra del recinto del Honorable Concejo Deliberante de Lanús, con la intención que se pueda tratar sobre tablas, aunque sin éxito, un pedido de informes que ingresaron durante la semana que busca dilucidar si el Juez Baca es instructor de la escuela de Policía local. En una sesión caliente, con varios cruces, el legislativo además aprobó un convenio de 47 millones de pesos para obras de infraestructura en Villa Jardín y adhirió a la convocatoria de la marcha Ni Una Menos.
La jornada comenzó caliente, con el pedido del presidente de bloque del Frente Para la Victoria, Héctor Montero para que abandonen el edificio los efectivos policiales de la bonaerense que se encontraba en forma de custodia en la entrada y la puerta. Al igual que sucedió en sesiones anteriores, ante la presencia de posibles manifestaciones las fuerzas de seguridad públicas aparecieron por el deliberante.
En ese marco, Montero pidió que se trate sobre tablas el pedido de informes firmado por Andrea Lanzette, secretaria adjunta de la CTA Autónoma de Lanús, que solicitaba que el ejecutivo explicite si el juez Rubén Baca se encuentra cumpliendo funciones para la Municipalidad.
El titular del Juzgado Nº5 es centro de un escándalo en la justicia local desde hace unos meses. En Marzo fue denunciado por la Fiscalía General por entorpecer investigaciones del Juzgado Nº9, especializado en delitos de trata de personas. En un bruto resumen de lo que señala la Fiscalía, Baca interponía sus propios allanamientos en lugares que tenía el Juzgado nº9 investigados como prostíbulos y siempre tenían un resultado negativo.
La negativa de Cambiemos y el Frente Renovador a tratarlo sobre tablas hizo estallar a la gente que se agolpó en la barra y la sesión tuvo que pasar a un cuarto intermedio para calmar las aguas. El pedido ingresó y será tratado en comisiones. Además los presidentes de los distintos bloques irán a la Fiscalía General a conocer los detalles de la denuncia.
Ni una Menos
El debate por Baca fue retomado, minutos después, mientras se aprobaba la adhesión del cuerpo a la marcha de Congreso a Plaza de Mayo en contra delos femicidios y la violencia de género, Ni Una Menos.
El FPV se descargó contra el oficialismo a través de sus dos concejalas, Aldana Damone y Luciana Augustavicius, quienes manifestaron fuertes críticas al actual manejo de programas en violencia de género tanto a nivel nacional como local. En tanto, Adriana Storni, entre los gritos de la tribuna, recordó que el proyecto de adhesión a la marcha había sido presentado por el Frente Renovador, en Lanús como en todos los distritos.
Obras para Villa Jardín
También sobre tablas, el Concejo aprobó un convenio por 47 millones de pesos para obras de infraestructura en el barrio Villa Jardín, que a pesar de haber sido votado por unanimidad, no dejó de generar polémica.
Héctor Montero recordó el argumento del presidente del bloque de Cambiemos, Jorge Schiavone, de noviembre pasado, para que la entonces oposición no aprobara un convenio sobre tablas ante la falta de tiempo y datos para conocer el proyecto (el proyecto fue entregado el jueves cerca de las 17) y se quejó del “doble discurso” del bloque PRO y Frente renovador. Noelia Quindimil (Compromiso Peronista), levantó el guante y le retrucó al presidente del bloque del FPV que en ese momento se opusieron porque la obra de ese convenio ya había comenzado, sin la aprobación del deliberante. Lo mismo hizo Nicolás Russo, el referente del massismo local aseguró que le darán a Grindetti el mismo crédito que le dieron a Díaz Pérez con las obras, pero esperan que esta vez, las hagan bien.
