A partir de la publicación de la base de datos de los denominados Panamá Papers por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), son de dominio publicó los nombres de más de 200 mil empresas, fundaciones y fondos que operaron en paraísos fiscales desde 1977 y de las personas vinculadas a ellos. En ese marco, aparecieron varios nombres de empresas, profesionales y vecinos de la ciudad de Quilmes.
Entre los más destacados aparece el contador Jorge Daniel Razzetto, quien con su empresa Torrent Razzetto, figura como intermediario entre al menos cuatro entidades financieras: Dafter Assets Management, que sigue activa; y Kara Sea Inc, Upgrade Investment y Cape Race Inc, ya con cuentas inactivas. Todas ellas tiene domicilio fijado en el estudio Razzetto, López & Asoc, con sede en la calle Uruguay, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Vale recordar que, en su momento Razzetto constituyó Searem SA propietarios del departamento valuado en más de un millón de dólares que habitaba el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, en Madero Center.
Además, en el informe aparecen varios accionistas con domicilio en Quilmes. Entre ellos el joyero Roberto Petroni, sus hijos y mujer bajo la firma Farocli Ltd; Diego Alberto Crecchio en Strobel Finance Corp; Tomás Fernández Araujo, María Victoria Fernández Araujo y Juan Ignacio Fernández Araujo que integran el grupo IT Invest Group Technologies SA; el doctor otorrinolaringólogo Norberto Luparo y los cuatro integrantes de su familia que participan de Rossack Finance Limited y Elsey Investmen Incorporated.
Los documentos también incluyen a los contadores Walter Daniel Jaureguiberry, Javier Hernán Jaureguiberry y Adriana Peraltta, integrantes de Talbor Trading Group Corp; Amelia Schriro en Dolly Incorp Limited; Carlos Alberto Soto, junto a su familia, que participan de Frajolusa SA; José Luis Mohamed y tres integrantes de su familia en Brandafil Investment; entre otros.
El ICIJ informó que se abstuvieron de divulgar datos personales, registros de cuentas bancarias, transacciones financieras y que se limitan a entregar «información seleccionada de acuerdo al interés público».
Cabe recordar que, la sospecha respecto a las cuentas offshore en Panamá es que las empresas, los fondos de inversión o las personas físicas, se radicaron allí para eludir los controles y requerimientos fiscales de sus países de origen o para evitar que se conozca la procedencia de sus fortunas.
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