La disputa salarial de los trabajadores estatales y la postura adoptada frente a ello por el gobierno provincial de María Eugenia Vidal es solo una clara muestra de una serie de decisiones que van en contra de los sectores mas postergados de nuestra sociedad.
La resolución 142/16 la Dirección General de Cultura y Educación, como parte de en un intento por desactivar medidas de fuerza utilizando herramientas que van contra los derechos constitucionales de los trabajadores, “autoriza” la contratación de personal privado para “reemplazar” en sus tareas a los auxiliares que se encuentren de paro.
La mencionada medida acumuló varios rechazos de las que el Consejo Escolar de Quilmes que íntegro no estuvo ajeno. Se trata de una señal más de que la gestión provincial intenta barrer el conflicto real de fondo debajo de la alfombra, deslindando sus verdaderas responsabilidades en ese y otros temas, que vale la pena repasar.
Con más liviandad que voluntad política real, se habla de continuidad y de apostar fuerte por la educación pero, tras la definición de “reducir el gasto público” se avanza en desfinanciar y discontinuar políticas públicas esenciales, mientras crece la pobreza como ya lo expresan desde el área social de la iglesia.
Se opta por la reducción de los cupos del servicio alimentario escolar en momentos en que la inflación golpea con mayor fuerza sobre el precio de los alimentos; programas de inclusión educativa como Envión, FinES, CAJ y Conectar Igualdad fueron dados de baja, su continuidad no está asegurada y es retaceada en varios lugares de la provincia. El discurso se diluye frente a la realidad.
Se trata en definitiva, de un gobierno que habla de austeridad como justificativo para despedir trabajadores pero que, por otro lado, ha conseguido endeudarse a tasa récord.
Cada trabajador despedido por la gestión de Cambiemos, cada empleo destruido tiene doble efecto negativo en la sociedad: es una familia que queda sin fuente de ingreso por un lado, y es el Estado que se achica, que pierde poder de acción y de respuesta por otro. Las consecuencias las pagan los más necesitados. Cuando las políticas de restitución de derechos dejan de implementarse, las desigualdades sociales se profundizan.
En tanto, en estos meses de gestión se ha instalado una suerte de persecución fuertemente apuntada hacia los jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad, que denunciamos oportunamente frente al Intendente local pero que no cesan. En los barrios más pobres se advierte que tras la declamada política de seguridad retorna la vieja y peligrosa concepción de dejar hacer a la policía.
Como ya mencionamos son decisiones que van en contra de los sectores mas desfavorecidos de nuestra sociedad. Lo decimos en voz alta porque vemos que se aplican otra vez recetas ya fracasadas, que no trajeron sino mayor tristeza, pobreza y desunión para nuestro pueblo.
Ramón Arce, Consejero Escolar
