Pasada la instancia electoral y empoderados por el mérito en el repunte de los resultados del pasado domingo en la provincia de Buenos Aires, los intendentes vuelven a la carga contra la Ley que pone un tope a su reelección. El primer intento será a través de la legislatura, por la derogación o la modificación; y la última instancia estará en la justicia.
La Ley sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal a instancias de un acuerdo entre Juntos por el Cambio y el Frente Renovador de Sergio Massa, es una de las principales preocupaciones de los intendentes de la provincia de Buenos Aires, de los peronistas que lo dicen a viva voz, y siempre se opusieron a la norma, pero también para los jefes comunales de Juntos por el Cambio y el Radicalismo. De mantenerse tal y como está 95 de los 135 intendentes e intendentas de la provincia no podrían reelegir en 2023.
Luego del repunte de las PASO a la elección General, a instancias principalmente del trabajo territorial de los intendentes, los jefes comunales desempolvaron el reclamo. Pero hoy no sólo se trata de los intereses de ellos, sino que, en el Frente de Todos, ante el panorama que se vislumbra para los próximos dos años, reconocen que necesitar de los intendentes e intendentas para traccionar una elección que saben no será fácil.
En este marco, el plan A es llevar la discusión a la Legislatura y de ser posible derogar la norma. Sin embargo, esa es una tarea por demás compleja, es que para eso los autores de la norma y quienes votaron a su favor debería ahora echarla por tierra. Difícil para explicarlo públicamente. Si no se puede lograr, el plan B es ir por la modificación bajo el argumento de que la ninguna norma puede legislar para atrás, por lo que el primer mandato a contabilizarse debería ser el 2019-2023, con lo que todos podrían volver a presentarse en la próxima elección ejecutiva.
La discusión a la Legislatura podría llevarse rápidamente, en los próximos meses, o incluso hay quienes creen que debe tratarse antes de fin de año con el paquete de leyes de presupuesto e impositivas.
De fracasar todas instancias, la última que queda es recurrir a la justicia, bajo el mismo argumento de imposibilidad de legislar hacia atrás, opción que se barajó con fuerza en la primera mitad del año, pero que no prosperó. La opción judicial es la que menos convence.
Por si todos estos planes fallaran, ya hay una gran cantidad de intendentes que antes de cumplir los dos años de mandato pidieron, o pedirán, licencia en sus cargos para ir al ejecutivo nacional o provincial, o a la Legislatura y así poder esquivar la ley argumentando que la misma indica que para que se contabilice el mandato este tiene que superar los dos años. Sin embargo, hay algunas dudas que para licencia, y no renuncias, ese artículo aplique.
Los intendentes que estarían esta situación, entre otros, son Jorge Ferraresi de Avellaneda, que ocupa el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat; Gabriel Katopodis, de San Martín, actual ministro de Obras Públicas; Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, recién llegado a la jefatura de Gabinete de la provincia; Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas en el ministerio de Infraestructura provincial; y en los próximos días se sumará a la lista Mariano Cascallares, de Almirante Brown, que desembarcará en la Legislatura bonaerense.
