Una causa por el robo de petróleo de un gasoducto de YPF, que era vendido en Valentín Alsina, puso en la mira a la política local. El Juzgado Federal de Lomas de Zamora allanó el domicilio del concejal de Juntos por el Cambio Alberto Torres e investiga sus vínculos con unos de los detenidos. El edil se defendió a través de un comunicado, asegura no encontraron nada en su casa y que no tiene relación con el hecho. Había sido involucrado por uno de los 21 detenidos que tiene la investigación, un puntero oficialista del barrio El Pueblito que trabajó con el edil.
Ayer, el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé ordenó 39 allanamientos simultáneos, a pedido de la titular de la Fiscalía Federal N°2 de esa ciudad, Cecilia Incardona, en el marco de una causa que investiga a una organización que robaba petróleo de un gasoducto de YPF en Valentín Alsina, lo destilaba y refinaba, y lo vendía de forma clandestina. La operación era un negocio de 5 millones de pesos al año.
La fiscalía informó que durante los procedimientos se secuestró una importante cantidad de herramientas utilizadas para la punción de los oleoductos, a través de las cuales los miembros de la organización se apoderaban del petróleo propiedad del Estado Nacional. Además de documentación, también fue secuestrada gran cantidad de dinero, aparatos de telefonía celular, computadoras, camiones utilizados para el transporte del material combustible sustraído y automóviles, entre ellos varios de alta gama. Como resultado se detuvo a 21 personas y se secuestró la evidencia útil para la causa.
Además de Lanús, los procedimientos se llevaron a cabo en distintos puntos del conurbano -tanto del sur, como del oeste y del norte- y del resto de la provincia de Buenos Aires, como Olavarría, Azul y Villa Ramallo, y en las ciudades de San Lorenzo (Santa Fe), General Roca (Río Negro) y Neuquén.
El escándalo salpicó a la política local. Uno de los detenidos fue identificado como Gerardo Rodríguez, un puntero conocido del barrio El Pueblito y referente del Frente Barrial Peronista que trabajaba para Cambiemos. A principio del año pasado se habían dado a conocer por realizar pintadas e imprimir una serie de flyers que pedían por «Vidal Presidenta».
El dirigente trabajó políticamente para el concejal, actualmente en Juntos por el Cambio, Alberto Torres, referente de MO.PE.BO. El edil habría sido involucrado por el puntero por lo que se realizó un allanamiento en su casa y fue imputado. Ante versiones de su detención, (Torres tiene 73 años es paciente de riesgo en el marco de la pandemia de coronavirus) fue el legislador emitió un comunicado donde explica da su versión de los hechos y se despega de Rodríguez.
— Alberto Torres (@TorresAlbertoOs) September 2, 2020
La causa FLP 55058/2019 había iniciado en octubre de 2019 y en sus comienzos intervino el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), a cargo del comisario Rubén Haidar.
Según trascendió de la investigación de la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora, los miembros de la organización delictiva contaban con la logística que les permitía efectuar perforaciones en el oleoducto que transporta el petróleo desde Puerto Rosales (Bahía Blanca) a la refinería más grande de YPF, ubicada en Ensenada, en el límite con La Plata. La principal planta que utilizaban para el refinamiento del combustible robado está ubicada en Valentín Alsina y es un establecimiento clandestino.
Asimismo, la prueba reunida permitió acreditar que en febrero pasado la organización extrajo petróleo ilícitamente mediante punciones al oleoducto en inmediaciones de la localidad de Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires, y que para ello se habría alojado en la ciudad de Bahía Blanca.
Las escuchas sobre los imputados lograron determinar que para la maniobra se utilizaron tres camiones cisterna y cuatro choferes, y que se realizaba un circuito que permitía efectuar dos cargas de petróleo a la cisterna por noche. Para esa fase se utilizaban dos camiones. El tercero volvía a descargar el combustible robado en las plantas de refinamiento investigadas. Las operaciones se llevaban a cabo durante la tarde-noche y finalizaban cerca de las seis de la mañana, lo cual evitaba a los miembros de la organización ser vistos durante el día. Los imputados habían implementado un mecanismo que les permitían transportar el petróleo crudo directamente desde el oleoducto hacia la cisterna de los camiones.
