La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acercaron a concejales un proyecto de ordenanza para que el Municipio de Quilmes adhiera al Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
La iniciativa fue trabajada desde 2015 y aclarado en el año 2016 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del entonces Ministerio de Salud de la Nación. Integrantes de la Campaña regional de la zona sureste se reunieron en los últimos días con ediles de diferentes bloques y creen haber logrado un compromiso para que la adhesión sea tratada y aprobada en la próximas sesión ordinaria del martes.
En el marco de la discusión de la Interrupción Voluntaria del Embarazo recordaron que el Código Penal de la Nación en su Art. 86 establece excepciones a la punibilidad del aborto desde el año 1921, siendo legal la interrupción del embarazo en los casos en que este represente un peligro para salud o la vida de la persona gestante y este peligro no pueda ser evitado por otros medios y cuando el embarazo sea producto de una violación.
En este sentido, desde la organización exige que todos los establecimientos de salud del distrito garanticen dicho procedimiento cuando el embarazo encuadre en los supuestos legales previstos por lo que deben contar con misoprostol para el acceso a abortos farmacológicos y con los materiales necesarios para realizar el procedimiento mediante AMEU, cumpliendo con la atención humanitaria de pre y post aborto. Para esto, entienden que resulta indispensable que el equipo tenga acceso a capacitaciones interdisciplinarias a cargo de profesionales con experticia en salud sexual.
«La salud y la vida de las mujeres y personas gestantes están en juego. No hay lugar para una negativa en el HCD: la interrupción legal del embarazo por causales es un derecho que debe garantizarse», señalaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
