En el día del bancario, el secretario general de la Comisión Interna del Banco Provincia, Santiago Etchemendi, presentará una denuncia penal contra la gobernadora María Eugenia Vidal, por desvío de fondos que correspondían al Banco Provincia para destinarlos a gastos corrientes de la administración provincial.
Desde el Gremio acusan a la mandataria de desfinanciar a la entidad de la Provincia y utilizar de manera arbitraria una importante suma de dinero que provenía del Estado Nacional para cubrir una deuda con el Banco de la Provincia de Bs. As. “Nuestra entidad gremial ha tomado conocimiento de un hecho presuntamente delictivo que como representantes gremiales nos sentimos en la obligación de denunciar”, afirmó Etchemendi, titular de la seccional Buenos Aires del Bapro.
La presentación judicial surge a partir de un acta que firmó la gobernadora Vidal con el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso. En ese acuerdo, el Estado nacional se comprometió a enviar una importantísima suma para financiar el déficit previsional de la caja jubilatoria registrado en los años 2015 y 2016, lo que efectivamente se concretó. Sin embargo, la CGI Bapro tomó conocimiento que el dinero fue depositado en una cuenta del Estado Provincial pero desde allí no siguió el curso obligatorio. Por el contrario, detectó que Vidal emitió una Letra generando una deuda más de la Provincia en este caso con su propio Banco, lo que afecta sensiblemente su actual liquidez.
“El Estado Nacional envía dinero para jubilaciones, pero la gobernadora utiliza ese dinero discrecionalmente para otro fin”, consideró el representante de la Asociación Bancaria y advirtió: “paradójicamente, los jubilados terminan financiando los gastos corrientes del gobierno de Vidal”.
La acción judicial solicita que la gobernadora sea investigada por la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de deberes del funcionario público.
Desde la Bancaria señalaron que “el desvío de fondos del Bapro forma parte de una política de vaciamiento de la banca pública. La entidad, eslabón fundamental para el financiamiento del aparato productivo argentino, fue seriamente afectada tras la sanción de la Ley 15.008, que ataca los derechos jubilatorios del personal bancario y deslinda al Estado provincial de sostener la caja previsional”.
