Este jueves el Concejo Deliberante de Florencio Varela celebró su decimocuarta sesión ordinaria y, entre otros, se aprobaron tres expedientes de peso para el distrito. Los dos primeros constan de la declaración de la emergencia alimentaria y farmacológica. El tercero, trata la modificación de la ordenanza 4500, recientemente aprobada tras el conflicto con los supermercados chinos, que hoy amenazan con iniciarle juicio a la comuna. Cruces y arreglos entre los ediles.
La emergencia alimentaria calentó el debate en el recinto y provocó un fuerte cruce entre la titular del cuerpo, Laura Ravagni, y el referente del PRO, Pablo Alaniz. Según consta en el expediente aprobado por mayoría con los votos del peronismo, la emergencia regirá por el plazo de un año y permite al Ejecutivo utilizar partidas presupuestarias especiales para “asegurar el acceso a una alimentación saludable a todos los habitantes de nuestro municipio”.
El presentador de la ordenanza fue Héctor Salatino, quien consideró que “debido a la situación que atraviesa el país, es una prioridad darle de comer a los varelenses que hoy pasan hambre”. Al cruce, salió el Presidente de la bancada de Cambiemos, Carlos Boco, quien consideró que ese rol ya estaba cumplido por la secretaría de Desarrollo Social y, en caso de necesitar el refuerzo municipal, debería preverse en el armado del presupuesto. A respaldarlo salió Pablo Alaniz, quien criticó: “Ayer imputaron a la responsable de darle de comer a los chicos en las escuelas, la titular del Consejo Escolar Claudia Allerbón. Señora presidenta, ella es de su equipo, ¿En manos y a discreción de quién vamos a dejar la alimentación de todos los varelenses?”.
Interpelada por el concejal, Ravagni bajó del sillón presidencial y ocupó su banca para responder: “Me parece terrible que haga afirmaciones sin conocer. La profesora Allerbón es una profesional reconocida y el concejal dijo públicamente que se encuentra imputada, ella solamente fue notificada por las autoridades que realizaron el procedimiento”. Asimismo, agregó que “el fiscal quería determinar si en el HCE hay una oficina de licencias, cosa que no existe porque la Provincia la reemplazó con una aplicación electrónica en febrero de este año”. Alaniz se llamó a silencio.
Por otro lado, el cuerpo aprobó, sin la intervención de ningún edil, la emergencia farmacológica. La misma prevé que por un año el Ejecutivo utilice todos los mecanismos a su alcance para garantizar el acceso a los medicamentos a todos los habitantes. Aprovechando que Alaniz estaba golpeado, Tony Suarez propuso la modificación de un artículo para que además de informarse al Ministerio de Salud de Nación y Provincia, se notifique al colegio de farmacéuticos de Varela, que se encuentra públicamente enemistado con Cambiemos.
Sin embargo, todas las diferencias quedaron de lado cuando llegó el turno de dar tratamiento a la carta enviada por el intendente Andrés Watson, solicitando la modificación del artículo 23 de la ordenanza 4500 que frenó todo tipo de habilitaciones a aquellos comercios dedicados a la venta minorista de alimentos luego de la súper proliferación de chinos en el distrito.
Según el documento firmado por el Intendente, la modificación “generó múltiples consultas y reclamos de titulares de resoluciones a quienes se les otorgó factibilidad de localización y/o tienen en trámite la habilitación”. En concreto, al menos quince titulares de supermercados chinos se acercaron al municipio para intimarlos con iniciarle acciones legales a la comuna, ya que para cuando se sancionó la ordenanza, ellos ya habían comenzado a construir, o bien, ya estaban listos para inaugurar.
A riesgo de que las denuncias se multipliquen y sabiendo que la comuna perdería los juicios, ya que en la ordenanza 4500 no se otorgó un plazo de adecuación para quienes ya habían iniciado los trámites, el cuerpo de concejales acordó en un cuarto intermedio, a puertas cerradas, la modificación solicitada.
Según el nuevo reglamento, “solo podrán continuar adelante aquellos trámites que cuenten con resoluciones de factibilidad final, aunque estas se encuentren caducas a la fecha de la sanción de la ordenanza, como así también todos los expedientes que se encuentren en proceso de habilitación”. Quienes se encuentren dentro de estas categorías, tendrán un plazo de 90 días para finalizar los trámites. Cabe destacar que ningún trámite iniciado luego de la sanción de la ordenanza será alcanzado por este beneficio, pero que serían al menos 80 los supermercados en condiciones de hacerlo.
