Llamativamente, el falso informe donde se indica que un docente de Quilmes fue detenido por efectuar amenazas de bomba en su propia escuela, salió de manera oficial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, conducido por Cristian Ritondo.
Esta mañana, varios medios nacionales levantaron un comunicado oficial del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires titulado “Amenazas de bomba: Detienen a un docente de escuela Nacional de Quilmes acusado de hacer llamadas a su propia escuela”; sin embargo este medio logró hablar esta mañana con Mario Alfredo Jiménez, docente y ex consejero escolar de Quilmes, quién se encontraba en su casa. (Amenazas de Bomba: falsa detención y operaciones).
Lo que llama fuertemente la atención es que la comunicación provino desde el Ministerio de Seguridad. Allí aseguraban que “Un docente de la escuela Nacional de Quilmes fue detenido en las últimas horas por la Policía de la provincia de Buenos Aires acusado de realizar amenazas de bomba en el establecimiento donde trabaja, según se informó”.
A esto se suman otras irregularidades en lo informado: “La detención fue realizada por efectivos de la DDI Quilmes en la casa del imputado, ubicada en la calle Roque Saenz Peña al 600 de la mencionada ciudad, donde además se le incautó un revólver calibre 32 largo y seis celulares”. Se da la dirección de la persona y se incurre en otras inexactitudes; el arma no es un revólver calibre 32 largo y está registrada; además tampoco fueron secuestrados los teléfonos celulares.
Finalmente se insiste “La labor investigativa posterior permitió identificar el abonado utilizado para concretar la llamada, y de esa forma, se concretó el allanamiento que terminó con la detención del docente”.
No se descarta que el docente implicado inicie acciones judiciales debido a las irregularidades cometidas.
Ayer Ritondo se refirió a la situación de las amenazas de bomba en las escuelas de la provincia de Buenos Aires «no es una broma, es un delito» y que se trata de «un acto de intimidación pública penado por la ley» aseguró.
«Ante cada llamado de amenaza, es nuestra obligación acudir al establecimiento con toda una logística que implica brigada de explosivos, fuerzas policiales, bomberos y Defensa Civil, además de alertar a los hospitales públicos y a las cuadrículas de la zona», explicó el funcionario provincial y dijo:» cuando todo este dispositivo acude a una amenaza de bomba, caemos en el riesgo de dejar desprotegidos a quienes realmente necesitan asistencia».
A su vez, el ministro aseguró que «como padre, entiendo absolutamente el estado de nerviosismo y psicosis que esto genera en las escuelas, las comunidades educativas y en los chicos», al tiempo que advirtió que «con la tecnología con la que cuenta el 911 es muy fácil rastrear de dónde provienen los llamados». «Un llamado engañoso implica una intimidación pública y es un delito penado con dos a seis años de prisión», concluyó Ritondo.
