Denunciaron a Ferraresi por incumplir sus deberes como funcionario

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), órgano especializado en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la Administración Nacional, presentó una denuncia penal contra el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia.

La presentación está a cargo del Fiscal Nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez y los auxiliares fiscales, Gabriel Quintana Landau y Daniela Pérez. La denuncia penal es por no ordenar la instrucción de un sumario administrativo a funcionarios del ex Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

El pedido de sumario se produjo por irregularidades en tres convenios específicos entre el Ministerio y el Municipio de Pilar en el 2016 por más de 460 millones de pesos para obras de infraestructuras en tres barrios. En dichos convenios se advirtieron una gran cantidad de irregularidades que daban cuenta de comportamientos delictivos por parte de los funcionarios públicos intervinientes en su tramitación.

Por este motivo, en julio del 2021 procesaron a algunos funcionarios de la municipalidad de Pilar y a integrantes de las empresas adjudicatarias para realizar las obras. En la misma causa se determinó que no había motivo suficiente para sostener las imputaciones a funcionarios del Ministerio.

De todas maneras, la Justicia ordenó que se continúe de forma separada la investigación a funcionarios de la cartera por irregularidades y la PIA ordenó la iniciación de un sumario administrativo “para deslindar las responsabilidades de los funcionarios o agentes presuntamente involucrados”.

En la denuncia, se especifica que el primer pedido fue en noviembre del 2020 y cómo no hubo se reiteró en junio del 2021. Por último, el 30 de noviembre del 2021 se intimó al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación para que en el plazo de 72 horas de recibido el oficio ordenara la formación de un sumario administrativo, cuestión que no sucedió.

También se detalla que es un deber del funcionario de más alto rango, en este caso Ferraresi, ordenar el sumario según la Ley 25.188 y por lo tanto, con la omisión deliberada está infringiendola. Además, se establece en la denuncia que el ministro está incumpliendo la Ley 27.148 por no responder al pedido de la Procuraduría.

Estas infracciones tienen penas de prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por el doble del tiempo y de prisión de quince días a un año respectivamente.

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