HCD: Cruces por una deuda con un contratista que no terminó obras de viviendas

El Concejo Deliberante de Avellaneda volvió a sesionar este jueves en una jornada marcada por un cruce por el pago de una deuda a un contratista que inició de obras de viviendas hace una década y que no se finalizaron.

En primera instancia, se trataron una serie de proyectos presentados sobre tablas por el oficialismo. Acompañados por la oposición, se aprobó de interés legislativo las actividades que se van a realizar en honor a la Pachamama el 1 de agosto en el distrito, cómo también la jornada Hacer Visible lo Invisible que se llevará a cabo el próximo miércoles en Plaza Alsina y que tiene cómo fin concientizar los Trastornos de Déficit de Atención (TDA).

También salió por unanimidad la señalización de la esquina donde secuestraron a Roberto Berrozpe, desaparecido el 26 julio 77 en Sarandí y la condonación de deuda y eximición de pago de la Tasa de Seguridad e Higiene a la Asociación Sindical Bancaria.

Juntos por el Cambio se opuso a un convenio con la empresa Raiser S.A, para que la misma realice inversiones en la comuna y a su vez, que el municipio le condone una deuda de Tasa de Seguridad e Higiene. Fue convalidado por mayoría.

En lo que respecta al orden del día, se aprobó por unanimidad la adhesión a la Ley provincial 13.804 que crea el Servicio de Atención en la Lengua de Señas para Personas Sordas e Hipoacúsicas y la adenda al contrato de comodato entre la comuna y la Asociación Civil Centro de Jubilados y Pensionados Parque de los Derechos del Trabajador, para la sesión de un espacio contiguo a la entrada para uso del centro.

Luego hubo un debate por el pago a favor de Ezequiel Silva por 30 millones de pesos. El bloque de JxC se opuso y la edil Silvia Diana explicó que el pago es por una licitación adjudicada en noviembre del 2011 por 80 millones de pesos para la construcción de viviendas y que pese a que el plazo era de dos años, hacia finales del 2015 solo se había ejecutado el 50 por ciento y en lugar de rescindir el convenio, se fueron actualizando los valores hasta llegar a 322 millones en 2019, cuando de común acuerdo se firmó la rescisión.

“En los decretos en los que el intendente deja sin efectos la licitación, muestra que le debemos 30 millones de pesos. Cómo no se lo pagaron, presentó un amparo y la Justicia determinó que se efectúe el pago. El motivo por el que no acompañamos es porque en ningún momento se explica de dónde salió ese monto”, añadió.

Por el oficialismo tomó la palabra Armando Bertolotto y sostuvo que “los certificados aprobados entre 2016 y 2019 fueron por parte del Ministerio de Obras Públicas durante la gestión de María Eugenia Vidal” y que “el municipio no estaba de acuerdo por eso no pagó”.

Luego prosiguió un debate sobre las políticas de viviendas donde el oficialismo le reclamó a la oposición los problemas con los contratistas a partir del 2015 y desde JxC reclamaron que esas obras tampoco se terminaron en los plazos establecidos por el gobierno kirchnerista. El pago fue aprobado por mayoría.

También se convalidó un convenio con el Ministerio de Obras Públicas en el marco del programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil y se aprobó el pliego de bases y condiciones del ejercicio 2021 para la explotación de 600 carteles porta afiches para anuncios con fines publicitarios.

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