Este jueves, en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante de Quilmes trató cuestiones de peso y aunque fue una jornada acordada en la mayoría de los temas, oficialismo y oposición midieron fuerzas. El oficialismo logró aprobar dos ordenanzas discutidas, la modificación de la normativa que regula la instalación de antenas en el distrito y la modificación a la ordenanza de construcción de grandes superficies; por su parte, la oposición impuso el número y aprobó la rendición de cuentas 2019, correspondiente al último año de gestión de Martiniano Molina.
Antenas
Finalmente, la ordenanza que flexibiliza la posibilidad de instalar antenas de telefonía celular en el distrito fue aprobada, con nueve votos positivos del bloque del Frente de Todos (estuvo ausente el concejal Ariel Burtoli) y la abstención de los concejales de Juntos por el Cambio, Gen Progresista y la concejal Laura González.
Tanto oficialismo como oposición reconocieron que era necesario modificar la ordenanza por los problemas en las comunicaciones que tiene el distrito ante una normativa muy restrictiva para la instalación de antenas.
La presidenta del bloque del Frente de Todos, Eva Stoltzing, aseguró que esta es una ordenanza muy importante que va a permitir regular la actividad y mejorar las comunicaciones. Además, destacó que hay miedo y prejuicios respecto del efecto en la salud que pueden generar las antenas pero que eso es por desinformación, ya que las antenas que permite instalar el ENACOM no afectan la salud de los habitantes. Por su parte, desde la oposición plantearon que se debía dar un debate mas largo y amplio, incluyendo a vecinos y organizaciones, por eso la abstención, pero que coinciden en que es una modificación necesaria.
Previo al tratamiento, todos los sectores se pusieron de acuerdo en una serie de modificaciones a la ordenanza original. Entre ellas, que las antenas no podrán instalarse en las manzanas donde haya plazas, establecimientos educativos o de salud y que las empresas deberán señalizar las mismas e informar a los vecinos para despejar dudas y miedos.
Construcciones
Sin debate en el recinto, todos los bloques acompañaron el proyecto que modifica la ordenanza de construcción de grandes superficies. A partir de esta modificación, aquellas construcciones que superen los 5 mil metros ya no tendrán que tener el aval del Concejo Deliberante, sino que las autorizará una comisión conformada sólo por miembros del ejecutivo municipal.
Rendición de cuentas
El tratamiento de la rendición de cuentas del último año de gestión de Martiniano Molina fue lo más llamativo de la sesión, ya que pese a que el oficialismo tenía un despacho de mayoría rechazando las mismas, la oposición logró en el recinto imponer el despacho de minoría y aprobarlas. El despecho impulsado por el Frente de Todos logró sólo nueve votos positivos; en cambio la aprobación de las cuentas de Molina tuvo el acompañamiento del bloque del Juntos por el Cambio (11) Gen Progresista (1); con esos 12 votos logró la aprobación ya que el oficialismo tenía un edil menos por la ausencia de Burtoli. Tanto Laura González como Patricia Iribarte no levantaron la mano para acompañar ninguno de los expedientes ni tampoco se manifestaron de forma oral.
Sobre la postura del oficialismo, Stoltzing planteo que durante los cuatro años de gestión quedó demostrado en la rendición de cuentas que los presupuestos de Molina fueron un “dibujo” y cuestionó la subejecución presupuestaria en áreas sensibles como el SAE, pero también en infraestructura y bacheo, entre otras. Además, recordó el pago en concepto de vacaciones de ex funcionario por hasta medio millón de pesos “esos es impresentable” aseguró.
Para defender las cuentas de Molina, el concejal Ignacio Chiodo, argumentó que las cuentas demuestran que fue una gestión “eficiente y transparente”; que en 2015 encontraron a la ciudad en un estado “de posguerra” y que se hizo mucho, aunque falta mucho todavía y que es por eso que los vecinos del distrito tiene una “altísima consideración por Martiniano y su gestión”. Finalmente defendió el accionar respecto del pago de vacaciones, “el gobierno se ajusto al principio de legalidad, cumpliendo con la ley que regula el empleo público”.